Endesa revisará a la baja sus planes de inversión como consecuencia del impacto negativo de la reforma eléctrica, según ha asegurado este miércoles el consejero delegado de la compañía, Andrea Brentan, a los analistas en la presentación de los resultados semestrales. “A pesar de los progresos en la eliminación del déficit de tarifa, [las medidas] eliminan el incentivo para invertir con impacto en la calidad del servicio, el crecimiento y el empleo”, ha subrayado. Los recortes se reflejarán, principalmente, en la distribución y afectarán a las inversiones realizadas en años anteriores. De hecho, en el primer semestre ya se redujeron un 35% sobre el mismo periodo del año anterior.
Las medidas de la reforma suponen un impacto de unos 275 millones de euros sobre los márgenes de Endesa en 2013 y de alrededor de 400 millones en 2014, según las estimaciones de la empresa. “Este impacto es muy superior a lo que razonablemente podía haber esperado la compañía”, se queja la entidad que preside Borja Prado.
En este sentido, la compañía controlada por el grupo italiano Enel recuerda que la repercusión de las medidas regulatorias adoptadas el año anterior sobre el resultado de explotación ascienden a 489 millones de euros. De ellos, las medidas fiscales que entraron en vigor el 1 de enero han reducido por un total de 289 millones esos resultados en el primer semestre, que en netos se cifran en 217 millones en el semestre. En ese periodo, la empresa ganó 1.114 millones, lo que supone una reducción del 2,8%.
Endesa ha precisado que esa caída se vio “parcialmente compensada” por el aumento en 138 millones de euros del resultado neto del negocio en Latinoamérica como consecuencia, fundamentalmente, del reconocimiento, por parte del Gobierno argentino, de la compensación de las variaciones de costes no trasladados a tarifa desde 2007 hasta febrero de 2013, con un impacto en el resultado neto de 97 millones.
El impacto de 675 millones de la reforma eléctrica previstos para este año y el próximo corresponde principalmente a distribución (117 millones en 2013 y 189 en 2014), a los costes de los sistemas extrapeninsulares (118 y 115 millones), costes de capacidad (18 y 38) y al bono social (22 y 58). Endesa considera, además, que hay “medidas retroactivas” relacionadas con el precio del combustible, el coste logístico y los pagos por capacidad para las plantas de más de 25 años. Ante ello, la eléctrica no descarta, si no hay cambios tras la presentación de alegaciones, recurrir a los tribunales.
La compañía considera que deben corregirse algunas medidas como que el bono social lo financien de nuevo las eléctricas, cuando su coste debería recaer, a su juicio, sobre los Presupuestos Generales del Estado (“si es social que lo pague el Estado”). La compañía también reclama avales del Estado para la titulización del déficit de tarifa que pueda generarse en 2013 (“si no la recuperación resulta incierta”).
Endesa también considera que “los niveles de remuneración deben estar por encima de los costes de capital para crear valor para las inversiones” y pide que los impuestos eléctricos en vigor desde enero se consideren como costes en el momento en el que se calcula la retribución de actividades extrapeninsulares. Para la compañía, la nueva retribución a la distribución no implica una “rentabilidad razonable” y se articula a partir de una referencia del bono del Tesoro a 10 años más un diferencial que “no resulta válido para fijar costes de capital”. También hay “discriminación”, a juicio de Brentan, en la retribución al transporte.
La compañía ha precisado que tenía acumulado un derecho de cobro de 4.279 millones de euros por diversas partidas reconocidas en la regulación eléctrica: 3.156 millones de euros por la financiación del déficit de ingresos de las actividades reguladas y 1.123 millones de euros por las compensaciones derivadas de los sobrecostes de la generación extrapeninsular.
La deuda financiera neta de Endesa se situó en 6.988 millones a 30 de junio de 2013, con una disminución de 1.790 millones respecto de la existente a 31 de diciembre de 2012. Las inversiones alcanzaron los 913 millones de euros. De esta cifra, 820 millones de euros corresponden a inversiones materiales e inmateriales y los 93 millones de euros restantes a inversiones financieras.
Sobre el calendario de aplicación de la reforma, Brentan espera que vaya “bastante rápido”. “Pensamos además que en septiembre podrían estar en vigor la mayor parte de los reales decretos”, ha indicado.