FUENTE: Cinco Días
El pasado 3 de diciembre, la Sala de Regulación de la CNMC aprobó los informes sobre las propuestas de peajes de acceso a las redes eléctricas y del gas, respectivamente, que le remitió en noviembre el Ministerio de Industria. En ellos se incluye una bajada de la factura de la luz del 1% y la congelación de la tarifa del gas. Cuatro días después, Antonio Maudes, director de Promoción de la Competencia (perteneciente a la otra sala del organismo, la de Competencia)publicó dos informes paralelos muy críticos sobre las citadas órdenes ministeriales. En su opinión, estas contienen una serie de ilegalidades, tanto formales como de contenido.
“Una bomba sin precedentes”, según fuentes del sector, “que pone en evidencia los conflictos internos” del organismo que preside José María Marín. Precisamente, Maudes, que procede de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), es un hombre próximo al presidente. Sus dictámenes vienen a desautorizar a los instruidos por el director de Energía, Fernando Hernández, que fueron aprobados por la Sala de Regulación, que encabeza la vicepresidenta, María Fernández (Marín preside la de Competencia).
Los contrainformes han sido colgados en el gestor interno o plataforma informática de la CNMC, denominada WECO, en la que se publican todos los informes (con su trazabilidad) y figura también en la intranet de la Comisión. La decisión se interpreta como “un conflicto competencial”, pues, según el estatuto interno del organismo, todos los informes sobre proyectos normativos (ISPN) deben elaborarse en coordinación con la Dirección de Promoción de la Competencia. Fuentes próximas a la CNMC aseguran que no es la primera vez que se incumple esta obligación, si bien, nunca se habría producido una desautorización interna de este calibre.
Los duros informes firmados por Maudes denuncian también que algunas de las más importantes propuestas de los peajes de la luz y el gas son contrarias a la normativa española y comunitaria. Por ejemplo, considera ilegal la bajada en un 6,7% de las tarifas de acceso de la industria vasca y navarra (el llamado euskopeaje).
La ley eléctrica establece que los cargos del sistema no se pueden bajar aprovechando los superávits que se produzcan (550 millones en 2014), en tanto exista una deuda que pagar (unos 26.000. Aunque, en teoría, los peajes de acceso se congelan, el euskopeaje baja. La citada bajada media de la factura del 1% se produce por la reducción de los pagos por capacidad, unos costes no incluidos en los peajes pero que, al ser también regulados, podrían ser incluidos en la prohibición de la ley eléctrica, que habla de “cargos del sistema”.
En cuanto a la propuesta de peajes del gas, el director de Promoción de la Competencia, pone en cuestión las aportaciones de los consumidores al rescate del almacenamiento de gas Castor, clausurado el año pasado. El coste de dicho rescate (1.200 millones de euros) será sufragado con intereses por los consumidores de gas en los peajes y tiene la consideración de coste preferente a pagar a través de las tarifas de acceso.
En principio, estos informes críticos no tienen ninguna consecuencia legal, pero pueden resultar un arma poderosa en los tribunales para quienes quieran recurrir las órdenes ministeriales de los peajes, que entran en vigor el 1 de enero.
Por otro lado, al ser considerado “un ariete” de José María Marín, pocos creen que el presidente no fuese conocedor de la decisión de Antonio Maudes, cuya gravedad reside en haber publicado sus informes después de la aprobación de los dictámenes oficiales por el consejo y no antes.
El enfrentamiento interno que libran consejeros y directores del organismo y el propio presidente con la vicepresidenta, es desde hace mucho tiempo vox populi. Hasta el punto de que Marín ha mantenido contactos con responsables del PSOE, a los que intenta convencer de que cubran los dos puestos del consejo que quedaron vacantes en septiembre.