FUENTE: El Economista
El Tribunal Supremo ha arrancado la vista de uno de los centenares de procesos abiertos como resultado de los recortes aplicados por el Gobierno a las energías renovables y la cogeneración.
La vista se celebró la semana pasada. Javier Rodríguez, director general de la Asociación Española de la Cogeneración (Acogen), testificó en calidad de perito en el contencioso, abierto por uno de sus asociados, algo extraordinario, ya que el Alto Tribunal suele aceptar pruebas periciales, pero no testificales.
Los cogeneradores, cuyos ingresos regulados han mermado en 869 millones anuales como resultado de la reforma eléctrica, así como la propia Acogen, han presentado 31 recursos ante el Alto Tribunal. Para las renovables y la cogeneración, la reforma se saldó con un recorte retributivo de 2.011 millones de euros anuales, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se da la circunstancia de que el Abogado del Estado solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de todos los procesos el pasado 21 de abril, entendiendo que debía esperarse hasta que la Comisión Europea decida si el fomento de las renovables y la cogeneración aplicado por España con primas a la producción eléctrica es una ayuda de Estado, prohibida por la legislación comunitaria.
Antes de eso, el 13 de febrero, tras ser solicitado por el Abogado del Estado, la Comisión había abierto un procedimiento preliminar de ayudas de Estado relativo al régimen retributivo regulado por el Real Decreto 413/2014 y a la Orden IET/1045/2014, que lo desarrolla. Ambas normas han establecido el actual sistema de fomento a las renovables y a la cogeneración y su aplicación se ha traducido en el referido recorte de 2.011 millones de euros. Posteriormente, a iniciativa del propio Ejecutivo de la UE, el expediente se ha extendido a los reales decretos 661/2007 y 1578/2008, que instauraron el esquema retributivo anterior al actual.
En las alegaciones de Acogen contra la solicitud presentada por el Abogado del Estado de paralizar los recursos contra los recortes, a la que ha tenido acceso el Economista, los abogados de la Asociación sostienen que «ni la normativa española ni la europea prevén la obligación de suspender la tramitación del procedimiento en este tipo de situaciones, a la espera de una decisión de la Comisión Europea».
No obstante, el hecho de que el Alto Tribunal haya celebrado una vista no implica que haya rechazado la solicitud del Abogado del Estado de que se suspenda la tramitación de todos los contenciosos presentados.
Por otro lado, el próximo 20 de junio vence el plazo para que los perjudicados presenten ante Industria, si así lo desean, una reclamación de Responsabilidad Patrimonial a la Administración. Se esperan miles de ellas, la mayoría de los propietarios de instalaciones fotovoltaicas.