FUENTE: El País
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado suspender cautelarmente el proceso de ampliación del espacio protegido de La Laguna de El Hito que el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó en julio de este año. El paso dado por la Junta en verano -y la modificación del plan de ordenación de esta zona- supuso en la práctica frenar la construcción del almacén para residuos radiactivos previsto en Villar de Cañas (Cuenca), ya que la parcela donde se planea construir el silo queda dentro ampliación del área protegida. Los jueces rechazan anular la decisión del equipo de García-Page.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por el PSOE, dio este paso para impedir la construcción del llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Y el Ejecutivo central, a través de la Abogacía del Estado, decidió recurrir esta decisión. El Gobierno pidió la suspensión cautelar de la ampliación del espacio protegido. Pero los magistrados del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha rechazan ahora conceder esa suspensión cautelar, que supondría el desbloqueo del ATC. Los jueces entienden que «no cabe acceder a conceder la cautelar interesada sin, en realidad, prejuzgar el fondo del asunto», ya que este caso es sumamente complejo.
51 millones de euros
Entre otros argumentos, la Abogacía del Estado había planteado el perjuicio económico que supone paralizar este proyecto de almacén nuclear, previsto para albergar los residuos radiactivos que las centrales de España guardan ahora en sus instalaciones dentro de unas piscinas acondicionadas para ello. El Gobierno central, según se recoge un auto del Tribunal Superior de este martes, argumenta que en julio de 2017 los residuos del desmantelamiento de la central de Vandellós I, que están en Francia, deben volver a España. Si hay retrasos, habrá penalizaciones económicas.
Por otro lado, siempre según la argumentación de la Abogacía del Estado, las piscinas de las centrales están «saturadas» y deben liberarse para «permitir la recarga y continuidad de la explotación». El Gobierno sostiene que el ATC debería empezar a construirse, «a más tardar», el «1 de abril de 2016». Los «perjuicios económicos» de la paralización del proyecto rondarían los «51 millones de euros anuales», según el Ejecutivo central. Y eso supondría «un incremento de la tarifa eléctrica para el consumidor».
Sin embargo, la Junta de Castilla-La Mancha rechaza estos argumentos. Respecto a la saturación de las piscinas, indica que, antes de que se paralizara el ATC, varias centrales han comenzado a construir almacenes individuales dentro de sus instalaciones. Además, frente a los perjuicios económicos, Castilla-La Mancha defiende la «prevalencia del interés ambiental», según el auto. Y argumenta que si se levanta la paralización del silo «los perjuicios que podrían producirse a dicho interés no serían reparables».
Finalmente, los magistrados dan la razón a la Junta. Concluyen que levantar la paralización de la construcción del almacén nuclear «podría dar lugar a determinados perjuicios de carácter irreparable para los intereses ambientales supuestamente presentes». Sin embargo, los «costes económicos» adicionales si podrían ser reparables.