El Tesoro deberá realizar este año la colocación en los mercados de deuda de un total de 2.066 millones de euros de déficit tarifario, mientras que en 2014, el reto es mayor: la emisión de deuda ex ante deberá ser de 2.705 millones de euros, tal y como consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todo ello si lo que se persigue es cumplir a tiempo con los vencimientos estipulados para dichas cantidades.
Estos objetivos, sumados al compromiso adquirido con las eléctricas de abonar en un año 6.500 millones de déficit pendiente de titulizar, obligan al Gobierno a imprimir un buen ritmo a la hora de efectuar las emisiones de deuda.
A esta necesidad se une la de refinanciar el déficit económico español. Ambas deudas son objetivos prioritarios para el Tesoro, que en sus últimas operaciones ha colocado en primer lugar de la lista de pendientes a la deuda económica. Así, los últimos 1.000 millones de euros colocados el pasado 9 de enero se destinaron a refinanciar este concepto, en lugar de a reducir el pasivo de las «utilities» nacionales.
En cualquier caso, los analistas del mercado confían en que el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) retome en breve el buen ritmo en las colocaciones de deuda tarifaria. En 2011, las emisiones por este concepto ascendieron a 9.500 millones, mientras que en 2012 la cantidad fue de 5.500 millones.
Antes de julio se deben devolver a Iberdrola cerca de 3.000 millones de euros, mientras que para cumplir con la deuda pendiente con el resto de eléctricas el Gobierno dispone hasta finales de diciembre.
Los retrasos en las emisiones son perjudiciales para el rating de las compañías afectadas, así como algunas de las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia de regulación energética. Tal es el caso del nuevo impuesto del 7% aplicado a las plantas generadoras de electricidad –independientemente de su tecnología- o del hecho de que el Gobierno haya dejado fuera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la asunción de los costes extrapeninsulares.
Otro punto de polémica es que el Ejecutivo asumió 2.000 millones de euros de deuda eléctrica en la configuración de la reforma energética, pero no incluyó esta partida en los PGE. De hecho, aparecen como ingresos extraordinarios sin detallar en la última orden de tarifas. Ante esta situación, los expertos creen que el Gobierno no se hará cargo de esta cantidad y que la emitirá próximamente en forma de deuda soberana. Por su lado, las “utilities” inciden en la importancia de una regulación estable y predecible que redunde en la vuelta de la confianza a los inversores.