Un nuevo problema para la tarifa eléctrica. El Tribunal Supremo ha asestado un nuevo golpe al Ministerio de Industria por cargar a las eléctricas el pago del bono social durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, lo que supone cerca de 500 millones de euros.
En un auto de la Sala de lo Contencioso administrativo del pasado 19 de noviembre, al que tuvo acceso elEconomista, se estiman las pretensiones de Iberdrola, Endesa Distribución y de Hidrocantábrico y se insta a la administración que pague a las empresas afectadas que las hayan reclamado las cantidades que abonaron en su momento como financiación del bono social con los intereses que correspondan.
Iberdrola, tal y como adelantó en su momento elEconomista, logró que el Tribunal Supremo le reconociera el derecho a no financiar esta política social y condenó al Gobierno a devolverle el dinero en una sentencia del 7 de febrero de 2012. No obstante, el 25 de febrero de este año, la eléctrica que preside Ignacio Galán presentó un escrito al Tribunal para reclamar la ejecución forzosa y exigir el cobro de los cerca de 110 millones de euros que le correspondían además de los intereses legales desde la sentencia de 2012.
La eléctrica además solicitaba que se incrementase en dos punto el cobro de los intereses «dada la falta de diligencia de la Administración en la ejecución de la sentencia», pero el tribunal lo ha rechazado.
Iberdrola indicó el 4 de julio de 2013 que la CNE había procedido ya al pago del principal, pero le faltaban los intereses.
Endesa solicita al Tribunal que la Administración tenga que ejecutar la sentencia dentro del presente ejercicio tarifario, antes del 31 de diciembre de 2013, a través de liquidaciones definitivas del bono social o mediante liquidaciones tarifarias tras instrucción en dicho sentido de la secretaría de Estado de Energía, pero el tribunal no se pronuncia sobre este asunto.
El Tribunal Supremo explica que la sentencia, «en contra de lo que cree la administración, les afecta directamente a dichas empresas, pues tras la declaración de inaplicabilidad no es posible que las disposiciones litigiosas sean aplicadas en absoluto y, por tanto, a ninguna de las empresas a las que se obliga nominalmente a la financiación del bono social».
El Ministerio de Industria conocedor de la decisión del Supremo, incluyó una enmienda a la Ley del sector eléctrico en el Senado para eliminar la obligación de las eléctricas de costear el bono social.
A partir de ahora, el ministerio tendrá que decidir si recurre en reposición la decisión del Tribunal Supremo, un extremo que ya debería haberse producido al haber pasado los 5 días hábiles para presentarlo, y que permitiría al Gobierno no cargar estos 500 millones de euros a la tarifa del próximo año.
El Gobierno también puede llevar esta cantidad al déficit de tarifa de 2013 o apostar por un aumento del recibo del orden del 2 por ciento adicional para hacer frente a esas cantidad, que ya ha sido financiada por las empresas eléctricas en contra de su opinión.