Fuente: El Periódico de la Energía
El Tribunal Supremo ha decidido que se va a pronunciar sobre el abusivo Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que pagan las comercializadoras. El Alto Tribunal ha asegurado en un reciente auto que ha apreciado interés casacional objetivo para determinar cuál es el epígrafe aplicable a esta actividad.
Según el Ministerio de Hacienda, las empresas comercializadoras de electricidad hasta ahora deben darse de alta en el epígrafe 659.9 del IAE en todos aquellos municipios donde utilicen la red de distribución para el desarrollo de su actividad, así como satisfacer una cuota por cada municipio en que dispongan de un cliente, a diferencia de lo que soportan las empresas distribuidoras que pagan una única cuota a nivel nacional.
El cálculo de Hacienda es que las comercializadoras pagan cuotas de entre 149,29 euros para los municipios de menos de 10.000 habitantes y casi 600 euros en los de más de 500.000 habitantes.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las comercializadoras trabajan a nivel peninsular, esta medida supondrá un ahorro para todas las comercializadoras, sobre todo las pequeñas y medianas compañías que tratan de hacerse hueco en el difícil mundo de la comercialización de energía.
Se trata de una reivindicación de las compañías comercializadoras desde hace años. El IAE lo reciben los ayuntamientos, que ya de por sí cobran una tasa municipal al sector eléctrico, concretamente a Red Eléctrica, por el paso de la red eléctrica por sus localidades.
Fuentes jurídicas señalan que una sentencia del Supremo sobre el IAE de las comercializadoras podría tardar un año aproximadamente. Este pronunciamiento podría ser tarde si finalmente el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos saca adelante los Presupuestos Generales, algo que no ha podido hacer hasta ahora, y que fue el detonante de la última convocatoria de elecciones el año pasado. Ahora estamos a mediados de año y no se sabe nada aún de los PGE y se mantienen por tanto aún los del Gobierno del PP.
En el proyecto de PGE de 2019, el Gobierno del PSOE recogía esta petición de uno de sus socios, ERC, que pedía que se cambiase esta situación injusta y abusiva contra las comercializadoras.
«Al poderse elegir en las nuevas rúbricas entre los tres tipos de cuotas: municipal, provincial o nacional, se reducen las cargas administrativas para las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas que operan a lo largo del territorio nacional derivadas de la obligatoriedad de satisfacer cuotas municipales en todos y cada uno de los municipios, se les homologa a los restantes operadores, es decir, a los productores, transportistas y distribuidores, y se evitan los litigios que pudiera provocar la actual inexistencia de epígrafes previstos en las Tarifas para dicha actividad de comercialización de energía eléctrica y gas», reza el compromiso del Gobierno.
Además, la CNMC también se posicionó a favor de las comercializadoras en este asunto y pedía al Gobierno que cambiara esta situación de las comercializadoras de luz y gas y las equiparase al IAE nacional que pagan las distribuidoras eléctricas.
¿Qué llegará antes? ¿Los PGE del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos o la sentencia del Supremo? Lo más seguro que los PGE, pero en esto de la política todo puede cambiar en cuestión de segundos. Al menos, parece que el Supremo también entiende que es injusta esta situación y las comercializadoras podrían beneficiarse al menos con una sentencia a favor.