La Comisión Nacional de la Energía ha publicado este viernes su valoración sobre el anteproyecto de ley para la reforma del sector eléctrico días antes de perder sus funciones a manos del nuevo supervisor único (CNMC), que empezará a funcionar en octubre. En su informe, la CNE respalda la iniciativa, aunque dentro del capítulo de recomendaciones reclama facturas más detalladas. Con ello, estima que los consumidores podrían comparar tarifas. Por otra parte, celebra el polémico impuesto al autoconsumo ella mismo propuso y, en el apartado del déficit de tarifa, pide prohibir que las empresas puedan utilizar los pagos pendientes de la Administración en avales para algunas de sus filiales.
«Con el objeto de mejorar la transparencia y facilitar a los consumidores la comparación de precios entre las distintas ofertas de los comercializadores, se propone incluir en el anteproyecto la obligación de desglosar en la factura eléctrica, además de los conceptos legalmente establecidos, el coste de la energía, los pagos por capacidad, los cargos, los peajes de transporte y distribución y los impuestos que graven el consumo», afirma el supervisor.
Asimismo, ya que se va a sustituir la tarifa de último recurso (TUR), que es a la que están acogidos la mayoría de consumidores, por una denominada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y se modificad el bono social, la CNE propone valorar la necesidad de realizar una labor de comunicación con los consumidores a través de las Asociaciones de Consumidores en colaboración con la CNMC.
Precisamente, sobre el papel del nuevo supervisor único, la CNE, que pasará a integrarse en la CNMC, plantea darle competencias para investigar los mercados mayoristas de energía. También, que pueda tomar medidas en el «ejercicio de las potestades de inspección, ejecución y sanción». Según el actual supervisor, aunque la ley de creación de la CNMC recoge algunos de estos aspectos, no se cumple «ni el espíritu ni el contenido de las funciones que debe tener la autoridad reguladora» para ajustarse a los últimos reglamentos europeos.
La CNE detalla que se deben incluir de forma «especifica» varias funciones claves. Para empezar, poder supervisar las medidas para garantizar el suministro eléctrico y la protección al consumidor y dictar decisiones jurídicamente vinculantes.
En cuanto al déficit de tarifa y el uso que hacen las empresas del sector de esta deuda pendiente de cobro, la CNE aboga por «reforzar las exigencias de llevar una contabilidad separada por actividades, aportar información sobre las operaciones con otras empresas del grupo y partes vinculadas y establecer la prohibición de prestar garantías y avalar préstamos a las sociedades que realizan actividades reguladas, con respecto a otras sociedades del grupo que realizan actividades liberalizadas o no eléctricas.