Fuente: El Economista
El sector energético pidió ayer en la Jornada organizada por elEconomista y EY sobre Los nuevos paradigmas de la energía acabar con las subvenciones para evitar que vuelvan a producirse barbaridades como el déficit de tarifa de los últimos años que provocó un incremento de la tarifa eléctrica del 40% y abrir la puerta a una bajada de los precios para mejorar la competitividad del país y permitir una reindustrialización y una mayor creación de empleo.
Para lograrlo, los consejeros delegados de Acciona Energía, Rafael Mateo; de Endesa, José Bogas, de Gas Natural, Rafael Villaseca y de Repsol, Josu Jon Imaz, plantearon la necesidad de poner orden en el mercado mayorista energético y en el mix para poder cumplir con los compromisos internacionales de reducción de CO2 y para ello pidieron que se ponga un precio internacional a las emisiones.
Los participantes reclamaron que el próximo Gobierno decida con claridad el nivel de garantía de suministro que considera necesario y se eliminen las medidas redundantes. Para lograrlo, la receta propuesta por Rafael Mateo pasaría por aplicar el principio de «quién contamina paga» y decidir el modelo por que se apuesta en un país que cuenta con una elevada garantía de suministro gracias a una potencia instalada de 110.000 MW para abastecer récords «ridículos» de 40.000 MW, lo que supone que se cuenta con un factor de reserva de 1,4 veces que llegaría hasta las 1,6 veces si se añade la interrumpibilidad y las interconexiones.
Acciona instó al próximo Gobierno a optar por una única medida de respaldo entre las interconexiones internacionales, los pagos por capacidad a los ciclos combinados ociosos o la interrumpibilidad para las grandes industrias.
En duda las interconexiones
En opinión del primer ejecutivo de esta compañía, «habría que ver si la empresa privada haría interconexiones de 2.000 MW que funcionan a mitad de carga y se pagan con el diferencial de arbitrajes de precios, aunque la respuesta es no».
«El 6% de la energía que se consumió en este país en julio fue importada, como si aquí fuéramos pocos y no hablo de proteccionismo de mercado», indicó Mateo, que sentenció que «no hay que hacer políticas con la energía que no tengan sentido económico. Lo que no es necesario no hay que pagarlo» y citó como ejemplo las renovables, que ya no piden subvenciones y compiten en igualdad en los mercados mundiales.
Mateo añadió que «antes de pensar que hay que hacer en el futuro hay que dejar salir. Hay que hacer un proceso ordenado de retiro de capacidad ociosa, obsoleta y contaminante. No podemos seguir firmando subvenciones a la minería del carbón. Tenemos mucho tiempo por delante con estos márgenes de reserva».
El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, cogió el testigo y aseguró que espera que el próximo Gobierno regule la hibernación de los ciclos combinados y reivindicó que si hubiese existido un precio del carbono se hubiesen podido reducir la cantidad de carbón utilizado en países como Polonia, Alemania o España, donde el año pasado se utilizó más por los bajos precios del carbón internacional, causados por la mayor utilización del gas en EEUU.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se mostró partidario de que sea a través de mecanismos de mercado la regulación de los precios del carbono pero puso negro sobre blanco la paradoja existente: «Si todo son renovables, la energía valdrá cero y sólo valdrá la capacidad», También instó a que «el precio sea igual para todos. El mundo es global y competimos globalmente».
Acuerdo de París
Bogas explicó que tras la ratificación del acuerdo de París de China y Estadso Unidos se puede crear un mercado de CO2 a nivel mundial.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, defendió la necesidad del precio del carbono y pidió un sistema de mercado, aunque reconoció que no está resuelto.
Imaz criticó el negacionismo del cambio climático de algunas grandes petroleras internacionales y aseguró que la inversión en eficiencia es una de las mejores soluciones. no obstante, considera que es un debate que tienen que llevar a cabo los poderes públicos para no trasladar costes, sino eficiencias.
Repsol, en sus cinco refinerías, ha reducido sus emisiones un 22 por ciento en un plazo de seis años pese a un aumento de la producción gracias a las inversiones tecnológicas y de eficiencia energética.
«La humanidad va a ser capaz gracias a la tecnología y la ambición política de contener las emisiones de CO2». Imaz reconoció que las empresas son parte del problema, pero tienen que ser parte de la solución y defendió las medidas tomadas por ejemplo en su empresa de ahorro de agua.