Fuente: Expansión
La revisión del marco regulatorio de las redes en España se ha convertido en el gran pulso del sector energético en plena transición ecológica hacia un modelo económico menos contaminante.
Empresas privadas, Ministerio de Transición Ecológica y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coinciden en señalar, en un encuentro organizado por EXPANSIÓN y El Mundo, patrocinado por UFD Grupo Naturgy, la importancia de modernizar y digitalizar la infraestructura eléctrica para lograr cumplir con los objetivos verdes marcados por Europa, pero discrepan en cómo debe hacerse y, sobre todo, en cuánto va a costar a los consumidores esta revolución.
La CNMC, que estrena competencias regulatorias este año tras el traspaso realizado por el Gobierno, ha propuesto una modificación del sistema retributivo de las redes que marca una tasa financiera de retorno del 5,58%. Además, el regulador excluye la retribución de varios activos al considerar que están amortizados. Ambas medidas suponen un ajuste del 7% con respecto al marco actual.
La publicación de los borradores de circulares, el pasado mes de julio, hundió la cotización de las empresas eléctricas en Bolsa y desató la incertidumbre en el sector. En sólo unos días la capitalización de los principales grupos energéticos se redujo en más de 5.000 millones. Pero el momento crucial es ahora, cuando una vez recibidas las alegaciones de las empresas y del propio Ministerio de Transición Ecológica, la CNMC debe decidir si varía sus números o aprueba la versión preliminar de cara al periodo regulatorio 2020-2025.
Sistema estable
«Es básico acertar en el nuevo marco retributivo para dar la correcta señal de inversión al sector de cara a los próximos seis años. Pedimos una rentabilidad justa, con visibilidad y estable, para la digitalización y modernización de la red, porque las decisiones que tomemos hoy van a comprometer nuestro futuro», destaca Raúl Suárez, director de Unión Fenosa Distribución. Esta empresa es una de las más penalizadas por el recorte sobre la distribución eléctrica y, sobre todo, sobre la distribución en el sistema gasista. En la CNMC comparten su preocupación, pero insisten en que la inversión debe conjugar con los intereses de los consumidores que al final pagan su factura. «Estamos analizando todas las alegaciones. Sabemos que el cambio ha generado polémica, pero en realidad somos continuistas y nos ceñimos a la revisión regulatoria contemplada en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La norma antigua establecía como criterio de retribución el bono español a 10 años más 200 puntos básicos [hoy equivaldría al 2,2%], pero nosotros hemos optado por cuadrar más la metodología y de ahí sale el 5,58%. No hay bestias negras», replica María Fernández, vicepresidenta de la CNMC. La nueva cifra supone una rebaja con respecto al 6,8% contemplado para el periodo 2013-2019.
Alberto Amores, socio de Deloitte, cree que es necesario afinar la regulación para incentivar las inversiones más necesarias y cumplir con el objetivo de 40.000 millones hasta 2030 fijado en el Plan de Energía y Clima del Ministerio de Transición Ecológica. «No cabe duda de que hay que invertir en redes, no sólo en extender la infraestructura actual, sino en digitalizarla y modernizarla porque vamos a ver en el sector cosas muy diferentes de las que hemos visto en las últimas décadas, como, por ejemplo, consumidores que son capaces de generar su propia luz y verterla a la red o tres millones de vehículos que precisan electricidad», destaca.
Retribución
Desde la Administración contemplan un cambio de pauta con respecto al modelo actual en el que no se pague por instalar más red, sino por cumplir objetivos. «Tenemos que adecuar las señales al nuevo sistema energético. Los reguladores tenemos que ser creativos, premiando a las empresas no tanto por instalar más hierro sino por cumplir con esos objetivos», considera Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idae). En el Ministerio coinciden en el replanteamiento «disruptivo» del actual modelo. «Necesitamos un marco suficientemente retributivo que sea eficiente y no frene la innovación, pero que tampoco sea excesivo para los consumidores. Que vaya en línea con Europa, pero que también atienda a las peculiaridades propias del territorio», comenta Manuel García, subdirector general de Electricidad.
Gran parte de la transformación energética de la economía española pasa por su electrificación. Es decir, el uso de esta fuente de energía como principal motor del país frente a otros combustibles fósiles derivados del petróleo. El plan del Gobierno marca un objetivo de uso energético de la electricidad del 30% para el año 2030, ocho puntos más que el porcentaje registrado en 2018. «Acelerar la transición significa apostar por la electrificación, y poco hacemos para lograr esto. Pensamos que el objetivo marcado en el Plan de Energía y Clima podría ser superior», explica José María González Moya, director general de Appa Renovables.
Otra de las grandes patas de la transición energética pasa por una revisión de la fiscalidad. «Es la principal herramienta para lograr los objetivos y conseguir un buen uso de la energía. El concepto de quien contamina paga es fundamental, y en España aún no lo aplicamos pese a las advertencias de Europa», explica el directivo de la patronal verde.
Fiscalidad
González Moya también apunta a la factura de la luz, sobre la que recae una amplia batería de impuestos diferentes como el Impuesto a la Electricidad, el IVA o los tributos a la generación eléctrica. Desde el sector público piden prudencia: «Descargar la factura eléctrica significa cargar otras cosas. Tenemos que tener un debate sobre fiscalidad, con unos costes que tenemos que cubrir», responde Groizard.
En el mismo sentido se pronuncia la vicepresidenta de la CNMC, que apunta que la transición energética arrancó en realidad en 2016 tras lograr el equilibrio financiero del sistema eléctrico: «La fiscalidad es un tema complejo que hay que tratar con mucho cuidado. Está diseñada en torno a un modelo económico del siglo XX basado en el petróleo».
Al final, todos los participantes en el encuentro coinciden en señalar que los cambios deben tener como epicentro al consumidor. Es decir, que éste sea capaz de percibir lo que está pasando a su alrededor y se beneficie de los cambios tanto en precio como en calidad del servicio. «El cliente va a dejar de ser únicamente precio aceptante, para convertirse en productor de electricidad a nivel doméstico, con servicio de almacenamiento y capacidad para reducir su potencia unas horas al día a cambio de rebajas en la factura…», explica el subdirector de Electricidad de Transición Ecológica.
«La transición energética hay que hacerla con el consumidor. No sólo tiene que decidir si quiere una placa en el tejado de su casa, sino hacer una reforma integral en su vivienda para hacerla más eficiente o cambiar de coche a un modelo eléctrico. Eso son palabras mayores porque son costes muy relevantes, y la fiscalidad puede ayudar a comparar en precio la solución contaminante con la que no contamina», añade Alberto Amores.
El problema para el jefe del Idae, Joan Groizard, es que la idea de la transición energética no acaba de penetrar en el grueso de la sociedad. «El coche eléctrico y la placa solar ya salen a cuenta económicamente, pero la gente aún no se plantea la inversión. Sin embargo, el nuevo iPhone vale más de 1.000 euros y nadie se cuestiona cuánto va a tardar en amortizarlo antes de invertir en algo que no va a recuperar nunca. Es importante que el consumidor pueda tomar decisiones lo más fáciles posible», señala. «Las redes de distribución son imprescindibles para una transición real. Para esto se necesita que el distribuidor se transforme en protagonista de un sistema mucho más complejo. Por suerte, la alta penetración de contadores inteligentes nos pone en una situación privilegiada respecto a Europa para afrontar el desafío», concluye Raúl Suárez.