El proyecto de ley elaborado por el Gobierno para mejorar el suministro eléctrico y reducir los costes de la actividad eléctrica en los territorios extrapeninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla-, supondrá un ahorro de cerca de 400 millones de euros para las cuentas públicas, según el análisis económico que acompaña a la norma.
La actividad eléctrica en estos territorios cuesta, proporcionalmente, bastante más que la desarrollada en la península ibérica, ya que su coste asciende a 2.654 millones de euros al año. De hecho, el megavatio hora extrapeninsular oscila entre los 84 y los 240 euros, cuando en el territorio continental ronda los 65,4 euros.
El exceso de coste respecto a la Península es de 1.725 millones de euros y, como acordó el anterior Gobierno y ratificó el actual, debe ser asumido por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vez de por la tarifa eléctrica, a la que se quiso liberar de esta carga para evitar que siga aumentando el déficit de tarifa.
El propio Ejecutivo reconoce en la nueva norma que su aplicación supondrá «una reducción de las partidas con cargo a los PGE destinadas a la financiación del extracoste de generación en el régimen insular y extrapeninsular».
En total, las diferentes medidas que implica la aplicación de la nueva legislación se podrían traducir en un ahorro de cerca del 25% de los 1.725 millones de euros que supone el sobrecoste que deben asumir las cuentas públicas. Así, esta carga se reducirá a unos 1.325 millones de euros.
Representantes del Gobierno han citado los diferentes posibles ahorros a modo de «ejemplo ilustrativo y no exhaustivo» en la exposición del proyecto de ley mencionado. Así, el mayor ahorro procederá de la entrada en funcionamiento de las plantas de regasificación de Tenerife y Gran Canaria, lo que permitirá sustituir otros combustibles más caros por gas y se traducirá en un ahorro de 223 millones de euros al año.
Otro ahorro importante, de 50 millones de euros, procederá previsiblemente de la sustitución de las antiguas centrales de generación eléctrica de más de 25 años por otras nuevas, lo que implicará instalar 500 MW nuevos y reducirá, gracias a un recorte del 20% en los costes, la factura actual de esta actividad, de 238 millones de euros.
Junto a esto, la introducción de un nuevo mecanismo de concurrencia para determinar los conceptos retributivos de los distintos carburantes utilizados en la actualidad podría suponer un ahorro del 10%, o de unos 170 millones de euros al año.
En total, todos estos ahorros ascienden a 440 millones de euros, a los que se deben descontar unos 45 millones de euros procedentes de la transmisión de la actividad de bombeo de la central de Gorona del Viento al operador de la red eléctrica, REE.