El presidente de Iberdrola España, José Luis San Pedro, ha advertido de que el futuro del sector eléctrico en Europa está marcado por la «incertidumbre», lo que dificulta las inversiones. Asimismo, ha exigido «una política fiscal común para todos los estados europeos», de modo que se determine el coste del dióxido de carbono y ese dinero se destine al pago de las inversiones necesarias para la mejora medioambiental.
San Pedro, que ha ofrecido este viernes en Málaga la conferencia ‘El sector eléctrico europeo y español. Presente y futuro’, durante un acto organizado por el Foro del Mediterráneo Siglo XXI, ha incidido en que «no hay una estrategia y difícilmente se puede hacer una previsión de cómo va a evolucionar el sector si no conocemos cuáles son los objetivos de los gobiernos que marcan la política energética ni tampoco cómo va incentivar el cumplimiento de esos objetivos el regulador». Una cuestión que afecta a todos los miembros de la UE.
A su juicio, el regulador europeo debe encontrar el punto de equilibrio entre el precio de la energía, la garantía del suministro y los condicionantes medioambientales, tarea, no obstante, «muy difícil» ya que «los tres objetivos se oponen».
Sobre los objetivos marcados por la UE tendentes a conseguir la eficiencia energética en el horizonte de 2020, San Pedro ha lamentado que se haya tratado de «una regulación ineficiente», lo que ha tenido consecuencias. «Se han cumplido los objetivos de CO2, pero el mercado que debía incentivar el desarrollo de inversiones eficientes en energía ha fracasado en su objetivo de forma total», ha aseverado.
Ha echado de menos una «homogeneización» en el tratamiento de las políticas de renovables entre todos los estados miembros de la UE, de lo que ha responsabilizado al regulador europeo. De hecho, ha alertado de que «se penaliza la política industrial española».
Así, ha incidido, durante su intervención, en que es «razonable» que si los estados perciben ingresos de la venta de derechos de CO2, se destinen a pagar las subvenciones a las renovables. El objetivo sería que todo fuera gestionado por una autoridad común, tal y como ocurre en Estados Unidos.
En los últimos 10 años el precio de la energía en Europa ha bajado un 10% y se ha visto incremento un 17% el del transporte y la distribución. Por tanto, como media «la energía ha subido como mucho un siete por ciento y un 109% los impuestos y subvenciones que el consumidor eléctrico está pagando».
Según San Pedro, al final de esta década se tendrá una estabilidad regulatoria, y es que, en su opinión, «en los próximos cinco años no creo que haya cambios importantes al respecto, aunque sí debería haberlos».
También prevé el cumplimiento «de forma razonable» para 2020 de los objetivos medioambientales marcados, al tiempo que ha añadido que los precios de la energía en Europa están a unos niveles «muy bajos», sobre todo porque «el CO2 no vale nada».
«A medida que crezca la demanda, que crecerá muy poco a poco, entrarán en funcionamiento las centrales normales y no va a haber exigencias de nuevas inversiones para nueva capacidad», a excepción, ha precisado, de Reino Unido, que sí cuenta con «unas centrales nucleares muy obsoletas y unas de carbón muy viejas».
Horizonte 2030
Tras esto, ha hecho referencia al acuerdo energético alcanzado en Bruselas por los líderes de la UE para 2030, que pasa por medidas como el recorte de emisiones de dióxido de carbono de al menos un 40%, un objetivo «cada vez más difícil y caro», aunque «razonable»; una cuota mínima de renovables del 27%, también un porcentaje «muy ambicioso», y otro 27% de eficiencia energética.
Todo ello conlleva «una trastienda económica muy importante», ha dejado claro. De hecho, ha ofrecido una estimación de cifras, que repercutirán en todos los consumidores energéticos y en los productores industriales en lo referido al coste de la emisión de dióxido de carbono.
Respecto al reparto de los costes derivados del aumento de las energías renovables, ha demandado que la UE siga el principio de que «quien contamine, que pague». En cuanto a la eficiencia energética, las inversiones necesarias para asumir esa reducción serán los consumidores, tanto industriales como domésticos.
Conclusiones
Como conclusiones, San Pedro ha destacado que, en las condiciones actuales regulatorias, la entrada en operación de nueva capacidad térmica exigirá incrementos del precio de la energía de un 50%, es decir, un 25% del coste total del consumidor.
Este incremento podría atenuarse llevando a cabo un desarrollo de las interconexiones eléctricas si se adecúa el mercado a la nueva situación y si se moderan las subvenciones, según el presidente del consejo de administración de Iberdrola España.
Asimismo, la producción de energía eléctrica con coste variable cero va a superar en España el 75% del total de generación. «Es difícil diseñar un mercado en estas condiciones, teniendo en cuenta, además, que la situación es semejante en la mayoría de los países europeos», ha precisado.