Fuente: El Economista
El precio de la electricidad no es el mismo en todo el territorio nacional; es diferente en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, por la aplicación de una normativa aprobada hace un año que introduce un coeficiente de apuntamiento sobre los precios del mercado mayorista de la electricidad. El resultado es que el Gobierno balear habla de «ruptura» tras experimentar una subida del 15 por ciento, unos seis millones de euros más al mes.
Tradicionalmente, el precio de la luz era el mismo en todo el país, aunque en los sistemas eléctricos no peninsulares la generación sea mucho más cara, por su menor tamaño, su aislamiento y el tipo de tecnología de generación empleada, fuelóleo en su mayoría. Ayer mismo, el precio medio del mercado mayorista peninsular, también conocido como pool, era de 36 euros por MWh, mientras que en las Islas Baleares ascendía a 129 euros por MWh y en las Islas Canarias a 143 euros por MWh.
Esta diferencia de precios, que el año pasado provocó un sobrecoste de unos 1.800 millones, se reparte solidariamente entre los consumidores y los contribuyentes, puesto que la mitad se carga sobre los peajes de acceso al sistema eléctrico y la otra mitad se cubre con una partida específica de los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta agosto del año pasado, los comercializadores de electricidad de los territorios no peninsulares operaban igual que en la península: compraban la energía al precio del pool en el momento que correspondiese y se la vendían a sus clientes al precio convenido. Sin embargo, el 1 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 738/2015.
Coeficiente de apuntamiento
Esta norma quería conseguir tres cosas: reducir los costes de generación en los sistemas insulares, favorecer la competencia e incorporar señales de precio eficientes para los consumidores.
Para conseguirlo, introdujo un cambio muy importante: los comercializadores y consumidores directos en las islas han de adquirir la energía al precio medio del pool del año anterior -no al precio que corresponda en cada momento-, corregido por un coeficiente de apuntamiento que tiene en cuenta los costes de cada subsistema eléctrico no peninsular. Si este coeficiente es menor que 1, el precio final puede ser más barato que en la península, pero si es mayor, es más caro.
Así, el precio resultante no sólo es diferente en relación a la península, también lo es entre La Gomera y Gran Canaria o entre Mallorca e Ibiza. Y cuanto más pequeño sea el subsistema, más caro resulta. Y es aún más oneroso por las noches, en que operan unidades más pequeñas y más caras, perjudicando a las administraciones locales por el alumbrado público.
«Ruptura del mercado»
El pasado lunes, según recoge Europa Press, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad de las Islas Baleares, Marc Pons, denunció la «ruptura» del mercado energético único que está provocando la aplicación del decreto. Según sus cuentas, la factura eléctrica balear se ha incrementado un 15 por ciento, unos 6 millones más al mes, impactando seriamente en la Administración. Durante los primeros siete meses, el sobrecoste en las islas suma 42 millones.
El conseller indicaba que, en teoría, cuando se regularice la diferencia entre los precios puntuales del pool y la media anual que a ellos se les aplica, el precio en las islas «no debería ser diferente al sistema peninsular, pero el hecho es que en Baleares las cifras demuestran que desde su entrada en vigor se ha encarecido la electricidad».
Esperar a un año completo
El pasado martes se produjo una reunión en Madrid entre una delegación del Gobierno balear y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que se trató el problema. Joan Groizard, director general de Energía y Cambio Climático del Gobierno balear, ha explicado a el Economista, que Nadal aceptó revisar las complejas fórmulas que generan el coeficiente, por si hubiera algún error, pero emplazó a la delegación a reunirse de nuevo en septiembre, cuando se dispongan de datos de un año completo de aplicación del decreto. Groizard espera que la diferencia actual aumente en verano, porque se dispara el consumo en las islas con la afluencia del turismo.
Por otro lado, la situación genera incertidumbre a las comercializadoras, al carecer de una referencia de precios clara que sí existe en la península. El resultado es una reducción de la competencia porque hay empresas que directamente se han negado a ofrecer sus servicios en las islas, y las que lo están haciendo aplican precios superiores para cubrirse del mayor riesgo.
El decreto prevé que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC, la tarifa regulada por el Gobierno) también sea diferente en estos sistemas por el coeficiente de apuntamiento, pero aún no se ha desarrollado la metodología y no ha experimentado cambios.
Endesa, eximida del impuesto a la generación en las islas
El RD 738/2015 permitió a Endesa no pagar el 7 por ciento de su facturación en las islas para financiar la deuda del sistema eléctrico, un impuesto introducido por la Ley 15/2012. Lo hizo al considerar dicho impuesto como un coste variable retribuible para las instalaciones con un régimen retributivo adicional, prácticamente todas propiedad de Endesa, que ha actuado en estos territorios en régimen de cuasimonopolio regulado.
Gracias a ello, la empresa presidida por Borja Prado recuperó una provisión de 162 millones durante el tercer trimestre del año pasado. La medida ha dado pie a que otros generadores de las islas, sobre todo con parques eólicos, que sí tienen que pagar el 7 por ciento, hayan denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea por discriminación el año pasado. La denuncia la firmó el bufete Holtrop Transaction & Business Law, en representación de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), y de la Asociación Canaria de Energías Renovables (Acer).