El PP ha rechazado las propuestas de resolución del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV que volvían a reclamar en el Congreso que no se prorrogase la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Así, el Grupo Socialista reclamaba al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que implicará el cierre del último reactor en el año 2028.
Según recordaba, la central nuclear de Santa María de Garoña se encuentra actualmente en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación.
Sin embargo, señalaba que dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba «inasumible».
«En definitiva, no quería hacerse cargo del coste de la gestión de sus propios residuos debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental», sentenciaba.
Mientras, el PNV presentó una propuesta de resolución al Debate del Estado de la Nación en la que reclamaba el cierre inmediato y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, después de que el viernes el Consejo de Ministros aprobara un decreto que permitiría a la empresa propietaria de la instalación atómica (Nuclenor) proceder a la reapertura de la misma.
Según argumentaba la formación nacionalista vasca, a pesar de la orden de cierre de la central con fecha de julio de 2013, el Gobierno pretendió que la explotación de la central continuara, encontrándose con la sorpresa de que Nuclenor (Iberdrola y Endesa) paralizase la explotación por «motivos de rentabilidad».
«Este empleo es sólo explicable desde una posición de capricho personal y no desde la racionalidad económica y política», insistió, argumentando también que la central nuclear tiene 40 años, es de primera generación, «está anticuada y obsoleta», con los riesgos que de ello se derivan.
Por parte de la Izquierda Plural instaban al Gobierno a mantener el cese definitivo de la explotación de la central, derogando a estos efectos las disposiciones del real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radioactivos, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero de 2014.
Prospecciones petrolíferas
De igual forma, el PP ha votado en contra de las propuestas de PSOE y la Izquierda Plural que pedían la paralización de las prospecciones petrolíferas en Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía.
El diputado de Compromis, Joan Baldoví, reclamaba el fin de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, así como la búsqueda de gas e hidrocarburos mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica en Castellón, al tiempo que se abordase el desmantelamiento de la plataforma de almacenamiento de gas Castor. A su vez, quería que se acordara el cierre definitivo de la central Nuclear de Cofrentes (Valencia), junto con un plan de inversiones para la comarca, basado en la sostenibilidad y la creación de empleo.