“La desviación de la última subida del petróleo supone un coste añadido que duplica el pretendido ahorro de la reforma energética”. Así lo asegura la Fundación Renovables en un documento, presentado ayer, en el que analiza el alcance de la denominada reforma energética aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio.
El Gobierno estimó que el real decreto ley 9/2013 de 12 de julio permitiría ahorrar 4.500 millones de euros a través de los peajes de acceso. Sin embargo, la subida en el precio del petróleo a raíz del conflicto en Siria (el barril supera los 110 dólares) amenaza con echar al traste estos planes.
Según explica Javier García Breva, presidente de la Fundación, los Presupuestos Generales del Estado de 2013 están calculados sobre un precio del crudo para todo este año de 101 dólares, pero hasta septiembre ha estado por encima de los 110 e incluso ha llegado a superar los 115 en agosto, algo que supondrá un fuerte incremento de costes para toda la economía porque –según el Ministerio de Industria- la subida de diez puntos en el precio del barril supone una desviación en los presupuestos de 6.000 millones de euros.
Así, prosigue García Breva, “el coste de las importaciones energéticas y el balance comercial energético ascenderá a 60.000 y 45.500 millones de euros, respectivamente, es decir el 6% y el 4,5% en términos de PIB y de renta nacional que se transfiere a países extranjeros”. “Ningún país europeo alcanza tal grado de dependencia energética”, añade.
En este sentido, la Fundación Renovables insiste en que no se necesitan “parches anuales” sino reformas estructurales. “El coste más importante es el de la dependencia energética y si se eliminan las fuentes autóctonas, como las renovables o el ahorro, solo se está agravando hasta límites imprevisibles la vulnerabilidad de España”, afirma.
Esta Fundación se plantea denunciar ante Bruselas algunos puntos de la reforma como la regulación del autoconsumo o los nuevos sistemas de acceso a la red de las renovables. Según explica, la reforma «conduce a un modelo energético convencional obsoleto y caro» y constituye «un fracaso anunciado en la resolución del déficit». «Ni va a ser la última ni va a servir para equilibrar los ingresos y costes de 2013» porque existen «importantes errores de diagnóstico», señalan.
Ante esto, la Fundación explica que trabaja en una normativa alternativa y avanza que llevará la reforma eléctrica ante las instituciones europeas por incumplimiento de directivas y apoyará las iniciativas de las asociaciones de consumidores «para contrarrestar una reforma que echa todo el coste a sus espaldas».