El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que la normativa de la actividad de autoconsumo eléctrico “está en elaboración” y será aprobada “antes de que finalice el mes de julio”.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, Soria defendió que en el Gobierno “somos partidarios de que cualquier consumidor que desee instalarse” equipos de generación “pueda hacerlo”.
Sin embargo, precisó que aquellos que instalen equipos conectados a la red para abastecerse cuando no tengan recursos tendrán que pagar un peaje.
“No se trata de un impuesto al sol”, afirmó, sino “sentido común” porque de no abonar este peaje, el autoconsumidor “estaría siendo financiado por el resto de consumidores”.
Los carburantes están “plenamente alineados”
Respecto a los precios de los carburantes, Soria sostuvo que la reducción de los precios de la gasolina y el gasóleo está “plenamente alineada” con la del resto de países europeos, y de hecho, “se han reducido más en España que en la Eurozona”, debido fundamentalmente a que el nivel de fiscalidad es inferior al del resto de Europa y al desplome del crudo.
Así, apuntó que durante la segunda mitad de 2014 el abaratamiento de los carburantes en España fue superior al registrado en países como Francia, Inglaterra o Italia. “No obstante, el precio sin impuestos en España es ligeramente superior a la media de la eurozona, a causa de las diferencias en el coste de la logística y comercialización”, añadió.
En este sentido, Soria valoró las medidas puestas en marcha por el Gobierno para fomentar la competencia en la distribución de carburantes y auguró que la nueva Ley de Hidrocarburos contribuirá a la bajada de precios, puesto que su papel es “velar por la traslación de la cotización” del crudo al precio de venta de manera “lo más rápida posible” y, “en caso de desajuste, tomar medidas para incrementar la competencia en el sector”.
A este respecto, indicó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han introducido un “incremento significativo” de apertura de nuevas estaciones de servicio independientes, con la apertura sólo en 2014 de unas 300 estaciones de servicio nuevas de las que más del 80% corresponden a distribuidores independientes.
Castor y ATC
En cuanto al almacén Castor, Soria aseguró que la solución adoptada por el Gobierno ha sido “equilibrada”, con la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás, quien se encargará de las labores de mantenimiento y de realizar los estudios necesarios para adoptar una decisión definitiva que determine su futuro.
Soria indicó que la renuncia y el pago a Escal de la indemnización de 1.350 millones de euros no implica la extinción de la responsabilidad que esta y sus accionistas debieran, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que sería exigida, si procede, una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios.
Además, subrayó que la solución financiera adoptada supone “una notable reducción de costes para el sistema gasista y para el consumidor por los menores costes financieros, el aumento del periodo de amortización y la drástica disminución de costes de operación y mantenimiento”.
Sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca), el ministro precisó que hasta la fecha el Consejo de Seguridad nuclear (CSN) no ha manifestado “en ningún momento” a Industria que el emplazamiento elegido “no sea válido” para la construcción de la instalación.
Un sector de la minería “competitivo”
Por último, en cuanto al plan de cierre para el carbón, Soria lamentó que “a ojos de la Comisión Europea es un plan de cierre irrevocable” y señaló que el pasado mes de diciembre finalizó la vigencia del real decreto que regula las restricciones y que diciembre de 2018, es la fecha límite para dar las ayudas al carbón y en enero de 2019 tiene que funcionar exclusivamente aquella minería que sea competitiva que no hayan recibido ayudas.
Así, aseguró que “el objetivo final” es que exista a partir de 2018 un sector de la minería energética en España “competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas”, como establece la Unión Europea.
A este respecto, se refirió a la reciente reunión de la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, en la que se analizó la propuesta de un nuevo incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en desnitrificación de instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono, “lo que constituye un incentivo a su consumo”.