El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó ayer que el Gobierno está «dispuesto» a incluir los cambios que planteen los gobiernos regionales o los grupos parlamentarios en las enmiendas al anteproyecto de ley sobre la reforma del suministro eléctrico en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, «siempre y cuando el texto sea mejorado y no se desnaturalice».
Así lo explicó el titular ministerial en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde ya se ha iniciado la tramitación del proyecto de ley. De hecho, subrayó que el Ejecutivo es partidario de «mejorar» el anteproyecto mencionado con las «aportaciones» que realice el Gobierno de Canarias así como mediante las enmiendas que puedan plantear los distintos grupos políticos durante su tramitación.
Soria recordó que dicho proyecto normativo busca introducir competencia y reforzar la seguridad de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y reiteró que, tras su aprobación en el primer Consejo de Ministros de marzo, el Gobierno ya expresó su intención de contar con las propuestas de los distintos grupos políticos, por lo que confió en que se podrán aceptar propuestas de cambio si «pueden optimizar» el proyecto.
Pero hizo hincapié en que esto será así «siempre y cuando el texto no se desnaturalice. Y su naturaleza es hacer un sistema eléctrico extrapeninsular más competitivo, más racional, menos dependiente y menos vulnerable, y que al final los sistemas eléctricos extrapeninsulares contribuyan a una mayor eficiencia del sistema eléctrico español en su conjunto», apostilló.
Sobre las negociaciones con el Gobierno de Canarias, Soria reconoció estar «hablando» con los responsables de la Administración del archipiélago y apuntó que cree que se mantienen «posiciones de aproximación a un punto común» que «pueden mejorar» el texto «en los términos» que fue aprobado.
Sin embargo, representantes del Gobierno de Canarias manifestaron que no creen que haya motivos para el «optimismo» por la prórroga del plazo de presentación de enmiendas al citado anteproyecto de ley porque el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aún no ha respondido a sus propuestas.
Por su parte, el consejero de Industria, Francisco Luengo (PSOE), resaltó en Las Palmas de Gran Canaria que la relación con el Ministerio está en un «escenario ejecutivo», que significa que Industria tiene que acoger las propuestas de Canarias para su traslado al «escenario legislativo».
Soria critica la «esquizofrénica» política energética del anterior Gobierno
En otro orden de cosas, Soria defendió ayer que la situación actual del carbón es fruto de las «decisiones erróneas» del Gobierno socialista, cuya política energética estuvo «cargada de mucha esquizofrenia».
En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Luisa Carcedo, Soria calificó de «erróneas» las decisiones tomadas en materia de política energética durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión, el fallo fue «simultanear una política de primas a las renovables con una política de ayudas y primas al carbón porque era ineficiente» y, al mismo tiempo, la «incentivación de nuevas infraestructuras gasistas para impulsar los ciclos combinados».
A esto se añade, según el ministro, que «cuanta más energía renovable entraba, menos utilización de los ciclos combinados», lo que dio como resultado «una política energética cargada de mucha esquizofrenia».
A pesar de ello, Soria confía en que «si las cosas van como van», el Gobierno pueda lograr que las minas competitivas puedan continuar abiertas a partir de 2019, aunque hayan recibido ayudas con anterioridad.
Respecto a las ayudas pendientes de ser aportadas al Grupo Alonso por sus supuestas deudas con la Seguridad Social, Soria explicó que si el Gobierno concediera dicha partida sin que la compañía saldara su deuda supondría una «decisión injusta», que, además, está castigada por el Código Penal.
Cabe apuntar que Industria ha desestimado un recurso presentado por Uminsa y Coto Minero del Cantábrico, ambas del Grupo Alonso, contra la decisión de denegar ayudas por valor de 50 millones de euros correspondientes a 2012 al considerar que las compañías incumplen la exigencia de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.