Fuente: El Periódico de la Energía
No hay manera. La industria lleva esperando alrededor de un año para que se apruebe su Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y pese a que se les ha garantizado en numerosas ocasiones que en cuanto se formara gobierno se aprobaría, la realidad es que «queda rato, en enero seguro que no, tienen que coordinarse los ministerios implicados», según fuentes del sector consultadas por este diario.
«Suena a excusa porque se lleva trabajando en el borrador del Estatuto casi un año, incluso se envió el texto final a Bruselas quien lo aprobó en octubre pasado», señalan fuentes del sector metalúrgico, «además no depende de PGE así que no tiene sentido que no lo lleven ya a Consejo de Ministros».
El Estatuto del Consumidor Electrointensivo tiene que ser aprobado como Real Decreto Ley, y el anterior gobierno en funciones alegaba que no podía hacerlo porque no era un caso de urgente necesidad o porque no había razones de interés general. «No entendemos que, tal y como está la industria, no se considerara como urgente, y sí otras normativas como el RDL para los parámetros retributivo de las renovables».
El año 2019 cerró con datos preocupantes para la industria. Según el índice IHS Markit PMI, con cifras de diciembre de 2019, la caída en los pedidos, el empleo y la producción ha retrocedido hasta un ritmo que no se conocía desde abril de 2013. «El Estatuto del Consumidor Electrointensivo significa poner la primera piedra para trata de tener unos costes homogéneos respecto al resto de países europeos, y mantener la competitividad a salvo», explican las mismas fuentes.
«Actualmente respecto a Francia, por ejemplo, el diferencial de precios que pagamos por la electricidad está en torno a los 15-17 euros/MWh, y con el Estatuto se rebajaría hasta los 2 o 3 euros/MWh», continúan, «además está el componente de exención de la financiación a las renovables y también la extrapeninsularidad, que tendría exención. Sin embargo, lo más importante, lo que más beneficiaría al sector (además de rebajar su factura eléctrica) es que se estableciera un sistema de garantías del Estado para que pudiéramos firmar PPAs con promotores renovables».
Los acuerdos bilaterales entre proyectos renovables y la gran industria sería una alternativa que beneficiaría a todos, «pero para ello se necesita que el Estado lo respalde con algún tipo garantía, desde el CESCE, mediante bonos… en este caso ganaríamos todos: la industria conseguiría mejores precios que en el mercado mayorista, los proyectos renovables se asegurarían la venta de su producción durante los años que necesiten financiación, el Ministerio de Transición Ecológica conseguiría sus objetivos de descarbonización y el de Industria que nuestro sector fuera más sostenible».
Nadie entiende por qué el Gobierno no tiene en su lista de prioridades este Estatuto. «Quizá esté esperando a publicar los cargos del sistema eléctrico, que se han prorrogado hasta finales de febrero, y a que la CNMC apruebe la circular sobre los peajes de acceso a la energía eléctrica», añaden, «pero aún así, se comprometieron con aprobarlo en cuanto se formara el nuevo gobierno y no lo han hecho».
Más aún, el Real Decreto-ley 20/2018 daba un mandato al Gobierno para que, ‘en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor’, elaborara y aprobara un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, ‘que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación con su participación en el sistema y los mercados de electricidad’, «y de eso hace más de 13 meses, por lo que aún más están incumpliendo sus obligaciones», concluyen las fuentes.