Fuente: El Economista
La primera subasta de renovables se lanzará antes de que acabe el año para un mínimo de 3.100 MW, de los que 1.000 MW serán eólicos, otros 1.000 MW fotovoltaicos y 80 MW de biomasa, mientras que todas las fuentes competirán por los restantes 1.020 MW. Se exigirán garantías de 60.000 euros por MW y habrá condiciones ligadas a la generación de empleo, el impacto en el territorio, la cadena industrial y el reciclado de los equipos al final de su vida útil. El Gobierno prevé sacar a concurso unos 20.000 MW en el próximo quinquenio.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha sacado a información pública la Orden ministerial que regula el primer mecanismo de subastas para la energía renovable, tras la reciente aprobación del Real Decreto 960/2020, que regula el régimen económico de los ganadores. El Gobierno considera que las pujas son indispensables para alcanzar los objetivos de clima y energía, que aspiran a instalar 60 GW hasta 2030.
El procedimiento concreto de cada subasta se establecerá por medio de resoluciones del Miteco, pero la Orden fija varios elementos comunes, como la posibilidad de que se combinen tecnologías -hibridación, en jerga técnica-, el uso de almacenamiento o la inclusión de modificaciones significativas para plantas con más de 17 años de antigüedad.
La Cartera de Teresa Ribera podrá subastar potencia, energía o una combinación de ambas e incluirá productos diferenciados para distintas tecnologías o conjuntos de tecnologías, mediante cupos y reservas mínimas por fuentes. En esta primera puja se pondrá en almoneda la potencia instalada y los participantes ofertarán un precio por su producción eléctrica: 1.000 MW eólicos, otros 1.000 MW fotovoltaicos y 80 MW de biomasa, mientras que todas las fuentes competirán por los restantes 1.020 MW.
La Orden igualmente define el régimen de penalizaciones y de garantías para participar: se exigen 60.000 euros por MW de los proyectos, que se devolverán según se cumplan hitos: 12.000 euros al identificar la potencia adjudicada, a los seis meses; 18.000 euros al obtener la autorización de construcción, a los 12 meses, y los restantes 30.000 euros con la puesta en marcha. Estas garantías son adicionales a las de 40.000 euros por MW para obtener el acceso a la red.
Criterios por general valor industrial y local
Además, las resoluciones podrán establecer requisitos y condiciones adicionales relativas a los compromisos adquiridos por los proyectos en el territorio, la estimación de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional, junto con los planes para tratar y reciclar los equipos al final de su vida útil.
Para facilitar la integración de las renovables en el mercado, la Orden establece que el 25% de la retribución de las tecnologías maduras con capacidad de gestión se modulará en función del precio del mercado, mientras que ese porcentaje se reduce al 5% en el caso de las tecnologías que no puedan gestionarse.
Calendario orientativo
La Orden establece un calendario indicativo con volúmenes mínimos de subastas para el período 2020-2025 que variará en función de los resultados de los concursos precedentes. Si se cumple, al final del período deberían haberse puesto en almoneda 19.440 MW: 8.500 MW eólicos, 10.000 MW fotovoltacios, 500 MW de solar termoeléctrica, 380 MW de biomasa y 60 MW para otras tecnologías, como el biogás o la maremotriz.
Este desarrollo se focaliza en la fotovoltaica, con 1.800 MW al año, y la eólica, con 1.500 MW por ejercicio, quedando las demás fuentes por detrás: 100 MW para la solar termoeléctrica, 80 MW para la biomasa y 20 MW para el resto. No obstante, todo esto se modulará en función de la evolución de toda la potencia instalada, incluida la que se desarrolle sin ayudas o la que obtenga otro tipo de apoyo público, como el derivado del Fondo de Recuperación de la Covid-19.
Ahorro de 170 millones anuales por cada 3.000 MW
El Gobierno sostiene que el mecanismo de las subastas reducirá el precio de la electricidad a los consumidores. La memoria del Real Decreto 960/2020 calcula que el precio de adjudicación de las pujas puede rondar entre los 15 y los 35 euros por MWh, frente a un precio del mercado eléctrico de unos 48 euros por MWh, lo que proporciona unos ahorros para el sistema eléctrico, y para los consumidores, de 248 millones a 98 millones anuales. La media es de 170 millones anuales por cada 3.000 MW.
Pero estos cálculos económicos son estáticos y no tienen en cuenta el impacto durante toda la vida de la retribución regulada por las subastas, que será de 10 a 15 años, pero alcanzará los 20 en el caso de tecnologías caras o con riesgo tecnológico. Además, tampoco considera la incertidumbre que el sistema de liquidación, por diferencias contra el precio del mercado eléctrico, introducirá en la comercialización de la energía.
Este punto es muy criticado por las empresas comercializadoras y por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ven cómo subirá el riesgo de su actividad, provocando un aumento de los precios finales a los consumidores.
Fuentes del Miteco indican que son conscientes de este problema y que desconocen el impacto que tendrá el mecanismo a largo plazo, pero confían en haberlo solventado al modificar la propuesta para hacer las liquidaciones diariamente y prorratear el resultado a todas las horas, evitando que se distorsione la curva de carga y que haya fuertes oscilaciones de unos períodos a otros.
Las anteriores subastas celebradas en España eran muy diferentes y los participantes ofrecían descuentos sobre unos parámetros retributivos establecidos por el Gobierno en función del coste de las tecnologías. Con este sistema se adjudicaron 8.836 MW en tres concursos celebrados en 2017 y 2018, de los que 2.827 MW, el 32%, no llegaron a conectarse a las redes dentro del plazo establecido, que venció a inicios de año.
Los promotores de estos proyectos están viendo como el Miteco le ejecuta las garantías que presentaron para participar en los concursos, de 20.000 a 60.000 euros por MW. En total ascienden a 102 millones de euros y las empresas están intentando evitar el desembolso en los tribunales, alegando razones sobrevenidas para justificar su incumplimiento.
El Miteco no ha derogado este sistema previo de subastas, y considera que «puede ser idóneo» para tecnologías con costes aún elevados, así como la cogeneración y el tratamiento de residuos. Los territorios insulares se quedan fuera de este procedimiento; el Miteco ya trabaja en un marco específico para ellas.