Fuente: El Economista
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.
Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que ha expuesto las prioridades de su Ministerio, Ribera ha explicado que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas.
De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano –según reconoce la ONU– porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.
A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señala que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental.
En este contexto, la ministra ha recordado que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar alguno de los recibos.
Por eso, la ministra ha expuesto que se debe «hacer frente» a esta necesidad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración.
«El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», ha manifestado.
En esa línea, ha dicho que el Gobierno trabajará para el reconocimiento del derecho humano al agua y para que «no se pueda cortar el agua a nadie que no pueda pagarla», mientras se tramitan las ayudas sociales necesarias sobre estas personas» que puedan permitir atender a la cobertura de necesidades básicas y haya resolución administrativa sobre las mismas.
Durante su exposición ante los grupos parlamentarios, Ribera ha criticado duramente la política en materia de agua realizada por el anterior Gobierno y ha valorado que «no son de recibo para un nivel de desarrollo de España los deficientes y preocupantes» niveles de depuración de aguas residuales en el país, donde «ha costado 20 años entender la Directiva marco del agua».
De hecho, ha recordado que el país se enfrenta a multas «millonarias», como la de 46,5 millones de euros por incumplir la depuración en 17 ciudades, y situaciones por las que España podría tener que devolver ayudas a la Unión Europea, entre otros riesgos.
En este contexto, ha insistido en que existen «carencias importantes» en la depuración de aguas residuales que está limitando las posibilidades de reutilización.
En ese punto ha anunciado la intención del Ministerio de elaborar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización que haga «absolutamente transparentes todos los escenarios de gestión».
Finalmente, la ministra ha recordado que la Comisión Europea remitió en 2015 al Gobierno una lista de objeciones al contenido de los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones hidrográficas y ha advertido que aún queda «un largo recorrido» para cumplir con la Directiva Marco de Agua.