Fuente: Cinco Días
El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido a la CNMC para su informe sendas propuestas de órdenes ministeriales por las que se prorrogan para 2020 los actuales peajes y cargos de la electricidad y los peajes y cánones de gas natural y del almacenamiento de gas, respectivamente. Se trata de la primera vez en la historia que se aprueba una prórroga de las tarifas de acceso que pagan todos los consumidores y representan una parte importante de sus facturas del gas y de la luz (aproximadamente la mitad en este caso).
Se trata de un régimen transitorio, según el cual, los consumidores pagarán desde el 1 de enero las tarifas que han estado vigentes en 2019. No se trata exactamente una congelación de los peajes, sino “una mera prórroga”, que, según distintas fuentes, podría prolongarse casi todo el año que viene. De hecho, el texto no incluye previsiones de ingresos y costes.
La decisión de la prórroga responde al trasvase de competencias del ministerio a la CNMC, que entró en vigor el pasado enero con el Real Decreto Ley 1/2019 y que, por la premura de tiempo, aún no ha podido tomar forma legal. Según dicha norma, el organismo supervisor debe establecer las metodologías y valores de las retribuciones y peajes de las redes de transporte y distribución de electricidad y, una vez aprobadas esas fórmulas, será también el encargado de fijar los peajes de acceso a las redes, que se revisan cada mes de enero.
Otro tanto ocurre en lo referente a las retribuciones de los peajes del transporte (gasoductos de la red troncal) y la distribución de gas natural (red secundaria) y las plantas regasificadoras.
Por su parte, Transición Ecológica tiene pendiente la elaboración de las metodologías de los llamados cargos de la electricidad y del gas. Los cargos son los costes ajenos a los estrictamente regulados (redes) que, hasta ahora, figuraban como peajes y que la normativa europea obliga a distinguir y separar. Se trata, por ejemplo, de los incentivos a las energías renovables, la amortización de la deuda eléctrica o las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares que se confundían hasta ahora con los verdaderos peajes. Estos financian las redes y los cargos, el resto.
Al no tratarse de costes regulados (estos dependen de la CNMC) los cargos son competencia del Gobierno. Sin embargo, España tiene aún pendiente de aprobar una metodología para la asignación adecuada de estos costes a los consumidores.
Por tanto, una vez que el Ejecutivo elabore dichas metodologías (entre ellas las de la retribución de los operadores del mercado del gas y el eléctrico y de los almacenamientos subterráneos de gas) y la CNMC haga lo propio con los peajes propiamente dichos, se podrían revisar (de forma coordinada entre la Comisión y el ministerio) la parte correspondiente de la factura de los consumidores.
El departamento que dirige en funciones Teresa Ribera ha elaborado una propuesta de real decreto con la citada metodología, pero aún no ha sido sometida a audiencia pública. Por su parte, el organismo que preside José María Marín, también está tramitando las circulares por las que se aprobarán las fórmulas de los futuros peajes del gas y de la luz. Estas forman parte de un vasto paquete de 14 circulares que debería aprobar este año y han resultado muy polémicas.
Según los escuetos textos remitidos a la CNMC, la decisión de aprobar estas órdenes ministeriales responde a la intención de Transición Ecológica de dar seguridad jurídica a los usuarios y al resto de agentes del sistema. Así, desde el 1 de enero se prorroga la tasa de la CNMC, que es un 0,15% de los peajes, se fijan las anualidades para sufragar el pago de la deuda eléctrica y desajustes de ejercicios anteriores y la retribución del operador del mercado eléctrico (OMIE).
En cuanto a la orden ministerial de los peajes y cánones del gas, la retribución de los almacenamientos subterráneos se mantienen en los valores de 2013 y se prorrogan los de las redes de transporte y distribución, en tanto se aprueban las definitivas. También en este caso se fija una retribución provisional para el operador del mercado (Mibgas), que asciende a 3,5 millones de euros.
El superávit eléctrico, en peligro
Tanto en el sistema del gas natural como en el eléctrico, las correspondientes leyes sectoriales prohíben que los excedentes tarifarios se destinen a reducir los peajes en tanto arrastren deudas del pasado. Los superávits solo podrán dedicarse a amortizar dichas deudas (800 millones de euros en el caso del gas y más de 18.000 millones en el de la electricidad).
La CNMC, titular de la cuenta corriente en la que están los 950 millones del excedente del sistema eléctrico, tiene un serio problema. Una norma aprobada hace más de un año por el BCE obliga al banco depositario de este tipo de grandes cuentas a pagarle un 0,5% al año, según adelantó el lunes El Mundo.
Hasta octubre, Santander asumió este coste, si bien, una vez finalizado el contrato con la CNMC, el pasado octubre, advirtió que, tras un mes de gracia, el de noviembre, comenzaría a cobrar dicha cantidad al depositante. Después de tres licitaciones que han quedado desiertas, la solución está en manos del Ejecutivo. Legalmente, de esos 950 millones de euros no se pueden sustraer ninguna cantidad no destinada a amortizar la deuda. Y ningún Gobierno ha explicado por qué nunca han amortizado cantidad alguna.