El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene previsto abordar la reforma gasista y la del mercado mayorista de la electricidad, denominado «pool», a principios de 2014, después de que haya entrado en vigor la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE) el próximo 1 de enero.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló ayer martes en un almuerzo organizado por Gestiona Forum que primero se va a culminar la reforma del conjunto de la actividad regulada del sistema y, a principios de 2104, muy probablemente, «acometeremos primero la reforma del sector gasista, que también necesita algunas modificaciones, y luego iremos con la del pool».
En cuanto al LSE, que podrá ser modificada en su trámite parlamentario, el Gobierno va a aceptar sólo las enmiendas que mejoren el proyecto, pero «si se pretende modificar lo que se ha legislado, alejándose del interés general y para dar satisfacción a lo que es un interés legítimo pero particular, las posibilidades de cambiar son mucho más remotas», ha añadido.
En pleno debate sobre la reforma del sistema eléctrico, y a poco más de una semana de que se celebre la subasta CESUR que determinará una posible subida de la luz en septiembre, Soria ha explicado que en estos momentos «el precio final de la energía que paga el consumidor es la más alta de Europa, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial».
Ha recordado que un hogar medio pagó en 2012 «un 63 % más en su factura de la luz que en 2003 porque los costes se han multiplicado» (en 2003, el recibo era de 360 euros al año frente a los 588 de ahora).
Pese a estos aumentos, el sistema eléctrico ha sido incapaz de asumir el déficit de tarifa que se viene generando anualmente desde 2005, y que ahora mismo suma cerca de 26.000 millones de euros, ha recordado.
Según el ministro, la reforma pretende tres objetivos concretos: dar certidumbre al sistema, hacerlo sostenible y ajustar los precios, aunque ha reconocido que «que no va a contentar a todo el mundo y que es difícil de aplicar» por todos los actores implicados, pero era necesaria, ha insistido.
Coto Minero Cantábrico
Por otro lado, Soria se ha referido al sector de la minería del carbón y a la decisión del juez de liquidar la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC), después de que empresa y trabajadores no lograran un acuerdo laboral para seguir adelante en el proceso concursal.
En este sentido, ha señalado que «hay que ser sumamente respetuoso con todas las decisiones judiciales, también lógicamente con las que afectan al ámbito empresarial».
Según Soria, la situación de CMC es muy complicado, al igual que la de muchas empresas de la minería del carbón «porque hay que tener en cuenta que esto no es nuevo».
Ha explicado que los planes de reestructuración de la minería en España comienzan en 1990 y desde entonces se han inyectado al sector 22.000 millones de euros, pese a lo cual la producción ha pasado de aproximadamente 20 millones de toneladas a 6 millones, y el empleo se ha reducido de 45.000 trabajadores a menos de 4.000.
Desde el ministerio se está trabajando con sindicatos y empresas para intentar dar la mejor salida posible al conjunto del sector y, de hecho, «seguimos hablando con los sindicatos y tenemos un nivel de acuerdo muy elevado».
El objetivo del Ejecutivo sigue siendo el dar cumplimiento a la decisión de la UE que obliga que a partir del 1 de enero de 2019 cierren las minas que no sean viables y que aquellas que sean viables y competitivas puedan seguir abiertas, en opinión del Gobierno, aunque hayan recibido ayudas.
Soria ha indicado que estos son los dos ejes sobre los que se está hablando y que se puede decir que «estamos próximos a un acuerdo», aunque todavía hay algunas dificultades, por lo que «no podemos darlo por cerrado hasta que concluyan las negociaciones».