El Gobierno está preparando un sistema de «certificados blancos» para que las comercializadoras acrediten el cumplimiento de las obligaciones comunitarias sobre eficiencia energética, lo que en el caso de España contribuirá a ahorrar un 10,5% de energía en términos acumulados hasta 2020.
Tanto esta medida como la previsión de ahorro aparecen en un documento remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se detallan las actuaciones previstas para cumplir las directivas comunitarias sobre eficiencia.
En este documento, el Gobierno reconoce la dificultad para afrontar las fuertes inversiones necesarias en eficiencia y centra sus actuaciones en un nuevo sistema de «obligaciones de eficiencia energética», esto es, en los llamados «certificados blancos» en la jerga comunitaria, con los que se podrán acreditar los esfuerzos se que realicen.
Estos «certificados blancos» serán una obligación para las comercializadoras de energía, que podrán obtenerlos en función de las medidas de eficiencia que hagan en los edificios.
Al cargar la responsabilidad sobre estas empresas, el modelo español se asemeja al británico y difiere del italiano, en el que las actuaciones corresponden a las distribuidoras.
En el sistema que prepara el Gobierno, habrá un catálogo en el que se detallen cuántos certificados se pueden obener por cada una de las medidas que se adopten, entre las que pueden figurar el aislamiento de ventanas o el cambio de calderas de gasóleo por otras de gas.
Los nuevos certificados de eficiencia se podrán negociar además de forma «flexible y sencilla», y tendrán una reducida carga administrativa. Además, será la base de «un nuevo modelo de eficiencia energética», en un momento el que el volumen de inversión requerida para mejorar la eficiencia se encuentra con el problema de la escasez de financiación.
El Gobierno calcula que el ahorro anual de un 1,5% de energía permitirá a España recortar su consumo en un 10,5% hasta 2020. El objetivo de ahorro entre 2014 y 2020 equivale a 21,3 millones de toneladas o equivalente de petróleo.
Auditorías y calefacción central
La directiva sobre eficiencia fue aprobada en 2011 y el Gobierno tiene de plazo hasta junio de este año para transponerla. Con este propósito, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo prepara un real decreto sobre eficiencia energética en el que se recoge, entre otras medidas, la obligación de que a partir del 1 de enero de 2017 todas las instalaciones de calefacción central tengan un contador individual en las viviendas.
Esta norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, se encuentra ya en fase de estudio en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que deberá emitir un informe sobre su contenido.
Entre las medidas más destacadas del real decreto figura además la regulación de las nuevas auditorías energéticas, que serán obligatorias para empresas con más de 250 empleados y con un volumen de negocio anual de más de 50 millones, así como un balance general anual de más de 43 millones.
También se crea un sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores, con el objetivo de que estos profesionales no solo gocen de la credibilidad necesaria, sino también de que quede bien garantizada su profesionalidad.