España está preparando una reforma del sector del gas para atajar el incipiente déficit antes de que pase a convertirse en un problema multimillonario como el del sector eléctrico, que obligó al Gobierno a lanzar una controvertida reforma a mediados de año.
El Ministerio de Industria anunció en julio una serie de medidas con recortes de costes y aumento de ingresos para resolver el déficit de tarifa de más de 26.000 millones de euros creado durante más de una década en la que los costes regulados han superado a los ingresos.
Para evitar que el problema se repita en el sector gasista, el Gobierno quiere aprobar medidas para cuadrar los costes e ingresos regulados e incrementar la competitividad, dijo el ministro de Industria, José Manuel Soria, en una entrevista con Reuters en la embajada española en Londres.
«Va a haber reforma de gas para evitar que ocurra con el gas lo mismo que ocurrió en el sector eléctrico. Lo que hay ahora es un pequeño, incipiente déficit en el sector de gas (…) vamos a establecer medidas para disminuir los costes y aumentar los ingresos y que haya estabilidad», afirmó Soria el martes tras asistir a un evento sobre turismo en la capital británica.
España lucha contra un exceso de capacidad en gas derivado del auge de las energías renovables, que en la primera mitad del año representaron más de la mitad de la generación eléctrica total, así como de años de una planificación en infraestructuras excesivamente ambiciosa.
La situación del sector gasista en el país, el segundo del mundo por plantas de regasificación después de Japón, es resultado de unos objetivos marcados en los años del boom antes de la crisis dejase a las plantas operando en un pequeño porcentaje de su capacidad.
España salió finalmente de la recesión en el tercer trimestre de este año tras cinco años de contracción y estancamiento que la han llevado a una de las tasas de desempleo más altas de Europa con el 25 por ciento y una caída de la demanda de electricidad a niveles previos a la crisis.
España tiene una capacidad de generación eléctrica de 100 gigavatios para una demanda punta de 44 gigavatios.
Como parte de la reforma del sector gasista, Soria también dijo que introduciría un mercado secundario para los precios del gas con el objetivo de intentar cambiar los acuerdos bilaterales vigentes.
Analistas estiman que el déficit del gas podría alcanzar 1.000 millones de euros en 2015 si el nuevo almacenamiento subterráneo Castor, concebido también antes de la crisis económica, entra en operación. Castor fue suspendido el mes pasado después de una serie de microseismos.
Rentabilidad razonable
Soria también abrió la puerta a ligar la remuneración regulada del gas a la rentabilidad del bono del tesoro como hizo con los costes regulados de la electricidad, pero dijo que no podía dar detalles más específicos.
Entre las reformas de julio, Madrid fijó el coste del bono a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos como rentabilidad para la generación renovable y de 200 puntos básicos para otros tipos de generación como parte de la política de «rentabilidad» razonable para evitar problemas judiciales por la retroactividad de la medida.
La nueva legislación, que recorta primas y sube los impuestos, ha sido ferozmente criticada por las compañías tradicionales del sector eléctrico, las firmas de renovables, los consumidores, los políticos en la oposición y hasta por el regulador energético nacional.
Inversores extranjeros que apostaron por proyectos renovables financiados con deuda aseguran que las medidas son retroactivas y han amenazado con demandas, una perspectiva a la que Soria quita hierro con el argumento de que la reforma cumple con la normativa española.
«Respetamos la iniciativa que pueda tener cualquiera, pero el objetivo del gobierno es cumplir la ley y dar estabilidad al sistema».
Abengoa, que opera centrales termosolares, ha presentado una demanda de arbitraje contra el Gobierno en Estocolmo porque considera que las medidas supondrán un recorte de más de un tercio en los ingresos de estas plantas.
Pero sin la reforma energética, que previsiblemente recibirá el visto bueno parlamentario a principios del año que viene a falta de algunos de flecos, Soria sigue manteniendo que los precios de la luz habrían subido un 42 por ciento y el déficit de tarifa habría aumentado en más de 10.000 millones de euros.
La factura de la luz se ha convertido en un tema candente en Europa, donde los consumidores siguen soportando el grueso de los costes de renovar unos sistemas eléctricos envejecidos y de lanzar proyectos de energía renovable.
Déficit de tarifa vs déficit público
Soria quiso dejar claro que la previsión para el año actual es un equilibrio entre los costes de generación y los ingresos regulados del sistema eléctrico, aunque reconoció que si el Gobierno finalmente no inyecta los 3.100 millones de euros previstos en esta materia se produciría un quebranto transitorio.
El ministro dijo que el Gobierno podría decidir al final destinar estos fondos hacia el déficit público, que el año pasado estaba en el ojo del huracán con el temor de que España necesitase un rescate internacional.
Aunque el temor al rescate ha desaparecido este año, con la economía saliendo de la recesión y los inversores extranjeros de nuevo inyectando dinero en el país, Soria dijo que el gobierno seguiría vigilante.
«Hay unos objetivos más importantes que el déficit de tarifa, que es el déficit público», explicó Soria. «Si hay déficit (de tarifa), no será por las actividades reguladas ni los costes regulados, sino por las partidas comprometidas en los presupuestos generales», añadió.
Para zanjar de una vez por todas el ya histórico problema del déficit de tarifa en 2013 el Gobierno habilitó en los Presupuestos una línea de crédito de 2.200 millones de euros para financiar los costes del sistema y comprometió otros 900 millones de euros para compensar el sobrecoste de generación en las islas.
A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el Gobierno no contempla conceder avales estatales para financiar un hipotético déficit generado en 2013, lo que ha llevado a las empresas del sector a presentar un recurso ante el Supremo.
«De momento, por Ley está establecido que se dispone (el crédito) … pero hay un objetivo superior al del déficit eléctrico que es el déficit público», dijo Soria para añadir que, si se constatase que finalmente se genera déficit en 2013, solo entonces el Gobierno se plantearía cómo corregirlo.
Para 2014, una vez que entren en vigor las novedades legislativas en materia energética, está previsto que el sistema eléctrico se autofinancie sin problemas.