El Ministerio de Industria está manteniendo conversaciones con las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP, para negociar un nuevo plan de viabilidad del carbón nacional.
El anterior Gobierno del PSOE ya acudió a las eléctricas para salvar al sector, obligándolas por ley a quemar unas determinadas cantidades de carbón nacional al año en sus centrales térmicas para producir kilovatios a un precio determinado. En concreto se forzó a nueve centrales térmicas de las eléctricas a quemar carbón nacional._Para que la medida pasara el corte de los órganos de Competencia y Bruselas, se enarboló el argumento de la defensa de las fuentes autóctonas de energía, hasta en un 15%, que permite la legislación europea.
El plan de salvamento del carbón elaborado por la anterior legislatura se ha ido renovando anualmente, pero termina este año. Aunque su coste se redujo el último año a unos 200 millones de euros, hubo momentos en los que llegó a suponer entre 400 y 500 millones de euros, que directamente revertían en la factura de la luz que pagan todos los usuarios.
Además del apagón de las ayudas al carbón, vía eléctricas, el sector se enfrenta al cierre de las explotaciones que no sean rentables sin otras ayudas sectoriales de aquí a 2018. Sin el apoyo del sector eléctrico, que supone el grueso de la demanda, no se vislumbra un futuro claro para el sector. Ocurre justo en un momento electoralmente cada vez más complejo. El sector minero da empleo directo a unas 3.400 personas en España, de las cuales, unas 1.600 están en la empresa estatal Hunosa.
Competitividad al 60%
Según cálculos que maneja Industria, más del 60% del sector tendría capacidad de ser competitivo en el corto plazo, pero necesita de ayudas para despegar. Otro plan de salvamento no será fácil. Las ayudas a las mineras estuvieron rodeadas de polémica en los últimos meses por la supuesta gestión fraudulenta de los stocks en el almacenamiento temporal que se creó para acumular excesos de producción puntuales.
Contratos a largo plazo
El Gobierno está intentando buscar fórmulas para dar salida a la producción del carbón nacional a partir de 2015 pero sin que se le acuse de ayudas ilegales. Una de las fórmulas que está encima de la mesa consiste en animar a las eléctricas a que suscriban contratos bilaterales de abastecimiento a largo plazo.
Pero en juego hay cientos de millones de euros. Uno de los problemas que tienen las eléctricas para seguir quemando carbón son las millonarias inversiones que tienen que hacer en sus instalaciones para adaptarse a las exigencias medioambientales europeas.
Se calcula que en conjunto, las eléctricas tienen que invertir hasta 2.000 millones de euros para adaptar sus centrales a requerimientos medioambientales como los de la desnitrificación. También hay otras decisiones en juego, como la de la prolongación o no de la vida útil de las centrales, con el consiguiente impacto en la cuenta de resultados de las compañías y de sus balances.
La minería moviliza otros 1.400 empleos indirectos, según datos de Carbunión. La competitividad del sector depende de la velocidad a la que se produce el abandono progresivo de la minería subterránea y se evoluciona hacia la minería a cielo abierto.
El sector prevé seguir produciendo seis millones de toneladas en los próximos años, tantas como las que se destinan a consumo en centrales eléctricas, pero con una ecuación distinta. Si ahora el 40% de la producción es de minería subterránea, en 2018 se estima que ésta solo sea el 29%. A pesar de esta reestructuración, el sector prevé mantener más de 3.300 empleos directos en 2018.