Fuente: El Periódico de la Energía
Hay mucha expectación por conocer cuál será el recorrido futuro de las centrales nucleares en España pero hasta que no se conozca el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) no se podrá saber cuál es el calendario de cierre de los siete reactores que suman más de 7 GW de potencia instalada en nuestro país.
Y antes de presentar el PNEC, el Gobierno deberá contar con un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el documento que recoge las estrategias y actividades a realizar con los residuos radiactivos, el desmantelamiento de instalaciones y su estudio económico-financiero y cuya elaboración es responsabilidad de Enresa. Hasta el momento se han aprobado seis planes, y según anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en comparecencia parlamentaria en septiembre pasado, el séptimo estará listo a principios de 2019.
“Hace falta conocer en primera instancia cuál es el volumen de residuos que van a ser almacenados y para eso hay que conocer hacia dónde vamos, qué mix energético queremos y cuántos residuos debemos ubicar y dónde”, dijo Ribera en su momento.
Un Plan que Enresa está elaborando a contrarreloj, tal y como nos han confirmado fuentes internas a esta entidad pública. Sin embargo, no lo están haciendo sobre un papel en blanco sino sobre un ya existente VII PGRR que está en el Ministerio desde finales de 2014 y del que hizo mención también en sede parlamentaria uno de los últimos secretarios de Estado de Energía, Alberto Nadal. En el diario de sesiones de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de 29 de septiembre de 2015, reconocía que “el Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con Enresa han venido trabajando durante estos dos últimos años (2013-2014) en la revisión del vigente séptimo Plan general de residuos radiactivos y ya se dispone de una propuesta de texto inicial, así como del documento inicial estratégico requerido por la legislación medioambiental para poder iniciar su tramitación”.
Y en ese plan se incluían dos escenarios posibles para el futuro del sector nuclear en el país: el que continúa con los supuestos del anterior plan, es decir concluir la vida de funcionamiento de las nucleares a los 40 años, como hasta ahora, y otro con la ampliación de su vida útil hasta los 50 años.
Cada uno de ellos incluiría las previsiones sobre los gastos necesarios para afrontar la gestión de los residuos nucleares y del combustible gastado, los costes de la construcción de los almacenes, primero el ATC (que podría ubicarse en Villar de Cañas, o no, tampoco está claro) y después un almacén geológico profundo, que según las mismas fuentes ya se está realizando los primeros estudios al respecto.
No se entiende que desde entonces, desde 2014, ese borrador haya dormido el sueño de los justos en una mesa del Ministerio, tal y como denunciaba la ex consejera del CSN, Cristina Narbona, en el Pleno del Consejo nº 1.407 de 2 de marzo de 2017: “La propia ENRESA reconoció en la página 187 del Quinto Informe Nacional para la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Residuos Radiactivos, que en 2014 ya había presentado al Gobierno de España su borrador del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR)”.
Así lo decía la información recogida en ese Quinto Informe Nacional, “la adopción por el Gobierno de un Séptimo Plan, cuya propuesta ya ha sido presentada por ENRESA ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, deberá ser aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio, previo informe del CSN y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
Pronto se conocerán los detalles, pero antes de ser aprobado, habrá que esperar a disponer del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, un informe que hasta la semana pasada dependía en gran medida de Antonio Munuera, el que ha sido director técnico de seguridad nuclear desde 2013, cuando fue elegido por el entonces ministro Soria y el presidente del CSN, y ahora ya jubilado. La Dirección Técnica de Seguridad queda vacante y será el gobierno, según la normativa, quien designará al sustituto.
Y mientras todo esto ocurre, se sigue esperando conocer cómo será el relevo del actual presidente del CSN, Fernando Marti, cuyo mandato finaliza el próximo 29 de diciembre. El gobierno todavía no ha movido ficha para dar a conocer su propuesta ante el Congreso de los Diputados y Marti podría renovar por otros seis meses. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han confirmado a este diario que en cualquier momento a lo largo de esos meses es posible realizar el cambio.