El Gobierno se dispone a levantar en parte la moratoria para las energías renovables. El ministro de Industria, José Manuel Soria, permitirá que en los territorios extrapeninsulares, especialmente en Canarias, se vuelvan a instalar energías verdes con el objetivo de «reducir los costes de generación».
Industria tiene ya lista una propuesta de orden ministerial, a la que tuvo acceso elEconomista, donde de forma unilateral ha fijado la nueva retribución que tendrán la eólica y la fotolvoltaica en estos territorios, las dos únicas tecnologías que estarán permitidas.
Esta nueva orden desarrolla el Real Decreto sobre la generación eléctrica para los territorios extrapeninsulares a partir de renovables anunciado en julio en el marco de la reforma energética.
Industria establece unos parámetros de retribución para la nueva capacidad de renovables para las islas, Ceuta y Melilla, cuando en la Península se ha decantado por un arduo proceso para decidir las nuevas primas (serán hasta tres consultoras quienes decidirán las nuevas primas), lo que ha generado un fuerte malestar e incertidumbre entre las empresas, ya que los resultados no se conocerán hasta final de año.
En concreto, el Gobierno ha invitado a una serie de consultoras y les ha remitido un pliego de condiciones para pujar en esta licitación que tendrá un coste máximo de 1 millón de euros. Por contra, para los territorios extrapeninsulares «los nuevos parámetros están calculados considerando los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, evitando que se generen sobre retribuciones no adecuadas».
Además, la nueva capacidad renovable se decidirá mediante un mecanismo de subasta y será el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quién tenga la potestad de convocar las mencionadas subastas, «siempre que se cumplan determinadas condiciones técnicas y de sostenibilidad económica del sistema».
De esta manera, el Ministerio de Industria desoye la recomendación de la Comisión Nacional de la Energía de no aplicar una discriminación positiva para estos territorios.
Sin embargo, según ha explicado el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, este nuevo régimen retributivo no son primas (que se han eliminado en todo el país para nueva generación), sino incentivos a la inversión, de cara a reducir los costes del sistema y para paliar la singularidad de los territorios extrapeninsulares. A modo de ejemplo, cabe destacar que el coste medio de generar en las islas fue de unos 180 euros por megavatio en 2011. Ahora la nueva orden garantiza una media de retribución de 85 euros por megavatio/hora.
Según expertos del sector, los parques eólicos podrían salir adelante con un precio menor, pero el titular de Industria ha reconocido unas condiciones prácticamente similares a los que ofrecía el último concurso eólico de Canarias (entorno a 90 euros por megavatio) para un total de 440 megavatios, paralizados por la falta de infraestructuras de evacuación a la red y por conflictos con las rutas aéreas, entre otros motivos.
En este sentido, el Ejecutivo del Archipiélago exigió «por escrito» que se fijara una retribución de 85 euros por megavatio, algo a lo que Soria se ha mostrado sensible.
El problema reside en si los empresarios adjudicatarios del concurso de Canarias serán los mismos que se lleven los 460 megavatios eólicos que, como máximo, se pueden realizar en esta isla tras la nueva orden ministerial.
Según Industria, pueden optar a estos 460 megavatios retribuidos cualquier operador que cumpla las condiciones y no sólo los empresarios del concurso eólico de 2007.
Singularidad para la eólica
En cualquier caso y a diferencia que a otros territorios extrapeninsulares y a cómo se adjudicará la fotovoltaica, la eólica en Canarias no estará sujeta al mecanismo de subasta, sino que será la Dirección General de Política Energética y Minas, quien repartirá los megavatios a través de «un procedimiento alternativo».
El objetivo, según Industria, es acelerar «la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y posibilitar la reducción de los costes de generación en el plazo más breve posible». Según explicó el experto en regulación renovable, Jorge Morales, el sistema elegido para la asignación de energía eólica es muy similar al registro de preasignación, donde el primero que cuente con todos los permisos es el que resulta adjudicatario.
En su opinión, a parte de estos megavatios eólicos, no se va a construir ninguna capacidad adicional, debido a la inseguridad jurídica que recoge la norma, ya que contempla una revisión de los parámetros cada tres años.