El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no intervendrá en el futuro para frenar posibles subidas bruscas de los precios de la electricidad y dejará las futuras revisiones a merced de los mecanismos establecidos, ya sean las subastas para fijar el coste de la energía o el el nuevo sistema automático de corrección de peajes, indicó en una entrevista con Europa Press el ministro José Manuel Soria.
«Hasta ahora, cuando se producía una diferencia entre los ingresos y costes, el Gobierno tenía la discrecionalidad de compensarlo o no subiendo o bajando los precios», indicó el ministro, antes de recordar que esta situación contribuyó a originar el déficit de tarifa, que en términos acumulados asciende a 26.000 millones de euros.
No obstante, con la reforma se aplicará un mecanismo automático de revisión de peajes en cuanto haya una desviación superior al 2,5% de los ingresos, con lo que esta circunstancia «se reflejará en los precios» sin que haya «discrecionalidad». «Esto es muy bueno, porque los precios nos estarán dando señales exactas de cuál es el funcionamiento del mercado y cuáles son los costes del sistema», sostuvo.
Pese a confiar en este mecanismo y renunciar a cualquier intervención para evitar subidas, el ministro aseguró que uno de los objetivos de la reforma energética es precisamente evitar subidas del recibo. «Todo el espíritu de la reforma es evitar que el precio de la electricidad hubiera subido en España desde enero de 2012 un 42%, después de haberlo hecho un 63% entre 2003 y 2011».
El ministro sostuvo que, con la reforma, «se ha evitado un aumento del 42%» en el recibo de la luz, frente al 8% de subida final desde 2012. «Pero si el mercado marca una nueva subida, lógicamente eso lo va a reflejar el sistema, porque si no lo hace estaremos reiniciando nuevamente el problema de generación del déficit y, si esto no se soluciona, tendrá que haber soluciones más drásticas de las que se han adoptado», afirmó.
EMPRESAS DISGUSTADAS
Soria dijo entender que las nuevas medidas «no gusten» a las eléctricas, a pesar de que «se ha intentado minimizar el perjuicio colateral». «Me habría preocupado más que las eléctricas estuviesen encantadas, porque eso significaría que no estamos resolviendo como teníamos que resolver el problema», aseguró.
En realidad, «lo peor que le podría ocurrir» a las eléctricas «sería que no se resolviese el problema», ya que en 2013 el Estado dejará de avalar las titulizaciones de deuda eléctricas y serán las eléctricas las que tengan que volver a financiarla, por lo que no les conviene que siga aumentando el déficit de tarifa, señaló.
El ministro sostuvo además que las medidas incluidas en la reforma se han adoptado «sobre una base de seguridad jurídica» y que su contenido «lógicamente tiene todas las bendiciones de todos los servicios jurídicos del Estado». Además, las medidas se han lanzado «de acuerdo a la doctrina que ha sentado el Tribunal Supremo», señala.
CIERRE DE RENOVABLES
Durante la entrevista, el ministro también se pronunció acerca de los nuevos incentivos para el cierre de instalaciones de renovables, pendientes de desarrollo. «No tenemos articulado un sistema como puede ser el sistema de la Sareb en el sector bancario», pero «sí abrimos la posibilidad de que, a quienes no puedan afrontar este tipo de proyectos, podamos buscarles una solución», indicó.
En todo caso, Soria señaló que, a la hora de afrontar estos casos, «la casuística será muy variada». El incentivo se contempla para que, «ante la situación que se pueda dar, podamos sentarnos a buscar posibles soluciones», afirmó.
«Hay miles y miles de inversores en tecnologías como la fotovoltaica, y no es lo mismo un inversor que aportó una autofinanciación del 10% con un crédito del 90% y una inversión de 100.000 euros a otro de inversiones de dos o cinco millones», señaló.
LOS PGE, COMPROMETIDOS CON LA TARIFA
Soria se mostró además convencido de que el Ministerio de Hacienda cumplirá el compromiso de vehicular este año un crédito de 2.200 millones para el sistema eléctrico y de asumir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un coste de 900 millones anuales relacionado con la actividad extrapeninsular. «Son compromisos que van más allá del propio departamento. Son del Gobierno», señaló.
«Es verdad que una de las medidas supone para el Estado 900 millones, una décima más de déficit público, pero es un compromiso del Gobierno y lo vamos a cumplir», añadió Soria, quien calificó de «no fundados» los comentarios acerca de discrepancias entre su departamento y el dirigido por Montoro. «Cuando una decisión se toma por todo el Gobierno, no solo vincula a todo el Gobierno, sino que todo el Gobierno la defiende», aseveró.
AUTOCONSUMO, GAROÑA Y COGENERACIÓN
Sobre el nuevo real decreto de autoconsumo, Soria dijo que «el Gobierno piensa» que esta actividad «es buena». «De lo que se trata es de decir al consumidor que está muy bien el autoconsumo, pero cuando va a utilizar la red que pagamos entre todos también tiene que contribuir porque, si no, los demás estaríamos pagando una parte del autoconsumo», dijo, antes de sostener que el importe del nuevo peaje de respaldo no supone una penalización, sino que se corresponde al «nivel que remunera el uso» de las infraestructuras.
Soria también aludió a la actividad de cogeneración y a la central de Garoña. Sobre la primera, dijo que, «en algunos casos», la producción de electricidad en los complejos industriales llegaba a ser «más importante» que la propia actividad industrial, y que por ese motivo se han reducido los incentivos.
En cuanto a Garoña, aseguró que el Gobierno «va a tener siempre la máxima disposición a tender la mano a cualquier sector y resolver sus problemas», al tiempo que «respeta» de decisión de Nuclenor de mantener un año cerrada la planta por motivos económicos. Frente al criterio económico, Industria velará por que la planta «cumpla con las condiciones de seguridad», que es lo que «irá a misa». «Si no hay garantías de seguridad nuclear, la decisión del Gobierno será otra», advirtió.