Fuente: Expansión
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que iniciará ahora su tramitación en el Congreso. La nueva norma ha ido enriqueciéndose desde su primer análisis entre los ministros del Gobierno en febrero de 2019. El objetivo es que España alcance la neutralidad climática en 2050 y que el sistema eléctrico sea 100% renovable.
Tras meses de incertidumbre en torno a los «días contados del diésel», el Gobierno se prepara para plasmar en la legislación algo parecido a una fecha para el final de los combustibles fósiles de automoción. El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética para su remisión a la Cortes. Allí se fija 2050 como fecha para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, según el artículo 12 de la norma, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
«La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2», afirma el proyecto de ley que se remitirá al Congreso. En 2030 deberá haber objetivos de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2.
La retirada de la gasolina y el gasóleo se hará de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Para que no haya coches de combustión, es necesario que unos años antes dejen de venderse. En un lenguaje parecido al anterior, la ley también dice que «se adoptarán las medidas necesarias» para que a partir de 2040 no se comercialicen vehículos «nuevos» con emisiones de CO2.
El Gobierno aprueba ahora el proyecto la ley porque quiere que la transición ecológica sea una de las palancas de recuperación de la crisis del Covid-19. Como ya estaba previsto, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares estarán obligados a establecer planificaciones para reducir las emisiones fruto de la movilidad. Además, antes de 2023 deberán establecerse zonas de bajas emisiones en las que se apliquen restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
También se recogen medidas para instalar puntos de carga de coches eléctricos. Como novedad, los edificios no residenciales que dispongan de más de 20 plazas de aparcamiento deberán incluir puntos para la carga de los vehículos antes de 2025, según el artículo 13 de la norma.
Las gasolineras que vendan al año más de 10 millones de litros de carburante deberán ofrecer, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kilovatios (kW). El plazo para hacerlo es de 21 meses desde la entrada en vigor de la ley. Si venden entre 5 y 10 millones de litros, tendrán 27 meses para instalar el punto de carga.
A partir de 2021, los titulares de las gasolineras nuevas o que acometan una reforma que requiera una revisión del título administrativo deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia de al menos 50 kW. Se publicará un real decreto con el listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes obligados a poner puntos de carga. Los concesionarios también deberán instalarlos.
Estas medidas tienen como objetivo atajar las emisiones en el transporte por carretera e implicar en la tarea a la red de 11.400 gasolineras del país.
Emisiones
Esta modalidad es responsable del 25% de las emisiones, pero la ley es mucho más amplia. Su objetivo es que las emisiones del conjunto de la economía española en 2030 se reduzcan en al menos un 20% respecto al año 1990 y que se alcance la neutralidad climática antes de 2050. En 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35%, así como un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación a partir de renovable.
Los objetivos, que también incluyen una mejora de la eficiencia energética para reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%, serán revisables, pero en ningún caso, señala la ley, podrán suponer una disminución del nivel de ambición medioambiental y deberán reflejar «la mayor ambición posible».
El propósito de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 que se plantea para el conjunto de la economía española es más ambicioso que el actual objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea, del 40% respecto a 1990, asegura el Gobierno.
El Ministerio de Transición Ecológica considera que esta norma será clave para articular el resto de políticas y medidas. «Debe servir de marco institucional, de referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores, públicos y privados, y a movilizar la acción climática», afirma.
Para 2050, dice la ley, España deberá alcanzar la «neutralidad climática» y disponer de un sistema eléctrico 100% renovable. El Plan Nacional de Energía y Clima de España (PNIEC) para el periodo comprendido entre 2021 y 2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. Contribuirá a que el PIB aumente en torno un 1,8% en 2030, esto es, entre 16.500 y 25.700 millones de euros.