Fuente: El Economista
El Ministerio de Energía quiere ampliar la vida de las centrales nucleares para mantener la competitividad de la industria española. Por ese motivo, el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de poner los mimbres necesarios para que se puedan otorgar licencias para la operación a largo plazo de las nucleares, es decir, hasta los 60 años de vida, lo que supone 20 años más de funcionamiento.
Hasta el momento, existía una regulación del año 2009, pero se han detectado aspectos de mejora y se acaba de endurecer los requisitos para poder gestionar el envejecimiento de las plantas españolas mediante un incremento de los controles y de los planes de vigilancia, tal y como se desprende de la instrucción que acaba de ser aprobada por este organismo.
La normativa sigue las recomendaciones de la Western European Nuclear Regulators Association, así como la reglamentación estadounidense al respecto. De hecho, Estados Unidos ha otorgado ya a 81 de sus 100 centrales nucleares la autorización para operar hasta los 60 años y en 11 más lo están estudiando, pero en el caso español, las eléctricas han sido claras y reclaman mayores garantías antes de acometer las inversiones necesarias.
Los operadores no están dispuestos a gastar una ingente cantidad de dinero para que luego un cambio de Gobierno pueda decretar el cierre de las mismas.
Todas las centrales nucleares superarán en la próxima autorización los 40 años de la llamada vida útil de diseño (Almaraz 2020, Ascó I 2022, Asco II 2025, Cofrentes 2024, Trillo 2027 y Vandellós II 2027) y si los permisos siguen siendo de diez años, la central más longeva llegaría al año 2034.
Si el Gobierno apostase por llevar la vida de las nucleares hasta los 60 años, la central de Almaraz podría llegar a operar hasta 2040 y Vandellós II y Trillo incluso hasta 2047, es decir, justo en el límite de las planificaciones que el Ejecutivo tiene que enviar a la Comisión Europea para los próximos años.
El Ministerio de Energía ha enviado a la CNMC una propuesta de decreto que le permite tomar el control de una central y posteriormente readjudicarla por subasta si un operador no está dispuesto a mantenerla funcionando (la misma solución que quiere aplicar a algunas centrales de carbón).
La entrada de una mayor cantidad de renovables en el mercado mayorista -si se cumplen las previsiones de las subastas se incorporarán cerca de 8.700 MW de aquí a 2020- hará que los precios de ese mercado caigan y dificulte la vida de las centrales tradicionales.
Por ese motivo, en el sector se espera que el Gobierno abra las puertas a un nuevo sistema de pagos por capacidad para poder garantizar el suministro eléctrico, una suerte de primas para las tecnologías tradicionales que ayuden a cubrir la demanda en momentos como el actual de escasez hidráulica.
Antes de tomar una decisión sobre el parque nuclear español, el Ejecutivo esperará a tener sobre la mesa tanto los informes que elabore la comisión de expertos, que se espera que estén listos el próximo mes de marzo, como la comisión interministerial creada para definir el plan nacional de energía y cambio climático que enviará el Gobierno a la Comisión Europea, pero que no se validará definitivamente hasta enero de 2018, lo que da margen para buscar un acuerdo.
Energía, no obstante, ya ha dejado claro que ningún país del mundo ha cerrado el carbón y la nuclear al mismo tiempo por una cuestión de competitividad.
A su vez, el Gobierno prepara la Ley de cambio climático y transición energética, que recogerá la propuesta de mix enviada a la Comisión sobre la que Nadal ya ha adelantado que no quiere grandes cambios.
Para facilitar esta ampliación de la vida de las nucleares, el Gobierno aprobó a principios de junio, tal y como adelantó elEconomista, una modificación de las autorizaciones de funcionamiento de las nucleares, con la intención de darles plazo a las eléctricas para decidir en la renovación de las autorizaciones de explotación.
Las compañías saben que tienen en sus manos importantes bazas, ya que el Gobierno no está preparado para acometer el desmantelamiento de todas las centrales, ni quiere hacerlo: las considera insustituibles y tampoco se puede permitir prescindir de los ingresos que suponen para contener el déficit de tarifa.
Para dar dos años más de negociación, se modificaron todas las órdenes ministeriales vigentes y se incluyó un nuevo procedimiento para las «Revisiones Periódicas de Seguridad» (RPS) cada diez años.
Según la nueva normativa, se abre la puerta a que Energía pueda ofrecer más de 10 años de permiso a las eléctricas sin descuidar el control de la seguridad de este tipo de centrales. Es decir, el Gobierno podría autorizarlas hasta los 60 años y solo acometer las revisiones de seguridad, lo que eliminaría su continuidad del debate político.
Energía aprobó este año el cierre de Garoña con dos importantes inconvenientes: el sexto plan de residuos nucleares está caducado desde 2010 y sigue sin estar operativo el almacén temporal de residuos nucleares. El plan se aprobó en 2006 y desde 2010 debería haberse revisado. De hecho, desde ese mismo año debería estar activo el cementerio nuclear cuya construcción se tiene que acelerar para poder albergar los restos de Garoña. El retraso del ATC ha provocado hasta el momento que se tengan que comenzar a instalar almacenes temporales en las centrales nucleares.