Fuente: Cinco Días
Una de las consecuencias del adelanto electoral y la disolución de las Cortes que más lamentan las empresas eléctricas (grandes y pequeñas) es la imposibilidad de que se pueda convocar una nueva subasta de renovables este año. Entre las medidas del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del que tomó nota el Consejo de Ministros del 22 de febrero junto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) figura la adjudicación de 3.000 MW anuales hasta 2030.
Una nueva capacidad renovable que sustituirá a la producción con carbón (que habrá desaparecido totalmente en ese año) y a las cuatro de las siete centrales nucleares ahora en funcionamiento en España, cuyo cierre está previsto también en ese horizonte (más de 4.000 MW), según figura en el PNIEC.
Hasta el momento, se han celebrado tres subastas, una en 2016 y dos en 2017, en las que se adjudicaron 8.000 MW a través de un mecanismo muy contestado entre las empresas del sector, ya que no se utiliza en ningún otro país del mundo. Concretamente, se subastaba un incentivo a la inversión realizada a lo largo de la vida de la planta.
Para subsanar un modelo muy criticado por el sector, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que se encuentra en periodo de consulta pública, establece que la adjudicación se hará no por la potencia, como hasta ahora, sino por la energía generada. Esto es, se otorgará a quienes estén dispuestos a producir al menor precio. Así,el el texto establece que “los marcos retributivos se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía”. Un sistema habitual en el mundo que las empresas afectadas han aplaudido.
Dado que la ley no prosperará y que esta es imprescindible para realizar las subastas aplicando el nuevo modelo, las grandes compañías han pedido al ministerio que las convoque con el sistema del anterior Gobierno, que sigue en vigor.
Una manera de evitar “que terminemos este año en blanco”, según fuentes del sector, quienes añaden que la parálisis también ha llegado al mercado de contratos bilaterales. “Hasta finales del año pasado cotizaba un producto de contratos de suministro a largo plazo [PPA] en los mercados internacionales, que desapareció cuando, en noviembre, el Gobierno dio a conocer oficiosamente su intención de modificar el mecanismo y lanzar subastas masivas”, aseguran en una empresa. Y es que los inversores, prefieren las subastas porque, aunque no se logren mejores precios que en el mercado, dan seguridad y facilitan la financiación de los proyectos y los trámites administrativos.
El propio anteproyecto fija un periodo transitorio, al establecer que, “en tanto no se desarrollen reglamentariamente los nuevos marcos retributivos y sus procedimientos de otorgamiento (..), las convocatorias previstas en el apartado 2 se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en su normativa de desarrollo”.
En cualquier caso, el departamento que dirige Teresa Ribera, no va a convocar ninguna subasta, según fuentes próximas al mismo. La primera y principal razón, por falta de tiempo. Y tampoco, probablemente, lo hará de volver a repetir Gobierno, ya que no se considera urgente.
En esta línea se sitúan también las asociaciones de las pequeñas empresas de renovables, que advierten que ni siquiera a finales de este año estarán construidos los proyectos de las tres subastas realizadas por el exministro de Energía, Álvaro Nadal, entre 2016 y 2027. En este sentido, consideran “un disparate seguir replicando el modelo retributivo” de esas subastas, pues favorece “la especulación y la entrada de fondos e inversores financieros”. Por contra, adjudicar por precio MWh, “te obliga a tener instalaciones más eficiente”.
Otros expertos defienden el modelo aún vigente, argumentando que es menos oneroso para los consumidores y más rentable para las empresas. De ahí, la defensa unánime de estas.
Solicitudes de conexión para 48.000 MW
De la apetencia por invertir en energías renovables da cuenta la avalancha de solicitudes de conexión que ha recibido REE. Concretamente, el operador del sistema tiene registradas peticiones para una potencia de 48.000 MW. Los solicitantes tienen que pagar avales.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece un objetivo en 2030 de 88.000 MW entre eólicos y fotovoltaicos, lo que supone un incremento del 80% y del 339%, respectivamente, sobre la potencia actualmente instalada de estas tecnologías.
Por el momento, el sector no contará con ninguna nueva subasta este año (no hay ley ni tiempo), pese a que el PNIEC fija la adjudicación de 3.000 MW anuales hasta 2030. Aún están embalsados los 8.000 MW adjudicados en 2016 y 2017 por el Gobierno anterior.
Sí parece más que probable que el Ministerio para la Transición Ecológica saque adelante el desarrollo reglamentario del autoconsumo antes de las elecciones del 28 de abril, en que el Gobierno entrará en funciones.