Fuente: El Periódico de la Energía
La reunión celebrada este jueves entre el Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos del carbón no ha acabado bien. El documento presentado por el Gobierno, el borrador del ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, no ha gustado nada a los agentes sociales.
Según el texto, a la minería solo le quedan 110 días de vida, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año, que es lo que marca la Decisión del Consejo 2010/787/EU sobre ayudas estatales para facilitar el cierre de las minas no competitivas. Para los sindicatos así no solo cerrarán las minas, sino que como consecuencia también las centrales térmicas de La Robla y Compostilla.
“El 14 de junio solicitamos una reunión con la ministra Teresa Ribera pero la reunión de ayer fue con el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRCM) y dos asesores del Ministerio”, explican fuentes sindicales, “y sus propuestas no nos dan garantías para firmarlo”.
Según ha filtrado La Nueva Crónica de León, el texto dice que ‘las medidas contenidas en este acuerdo tienen como objetivo encauzar la última fase del proceso de reestructuración sectorial que se ha enmarcado en las distintas regulaciones europeas sobre la industria del carbón’, mientras que ‘se persigue orientar el cese ordenado de las minas de carbón no competitivas antes del 31 de diciembre del 2018 atenuando el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones de este cierre en la economía regional. Dada la elevada concentración de las minas de carbón en España se trata, en definitiva, de abordar los efectos perjudiciales que el cierre de las minas puede provocar en los mercados laborales regionales, con una sobrecarga de parados del sector minero’.
“De las 15 páginas que contiene el documento, hay muchas explicaciones sobre cómo hemos llegado a esta situación y de lo que el Ministerio quiere hacer pero no se plantean acciones concretas para las cuencas mineras“, añaden los sindicatos, “mucha palabrería pero solo un hecho irrevocable, que la producción minera debe concluir el 31 de diciembre de 2018”.
Lo que el Gobierno plantea es “un Plan Social de ayudas para prejubilaciones, bajas incentivadas e incentivos para generar empleo”, explican fuentes del Ministerio a este diario, además de un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, la integración en la Plataforma Europea de Regiones Mineras para que tengan acceso a los fondos que se establezcan para las regiones mineras en transición, la restauración de espacios naturales y contratos de transición dentro de su programa de Acción Urgente.
Los enigmáticos contratos de transición, de los que ya ha hablado Ribera, se han utilizado en otros países como Francia para abordar la transición justa. “Los contratos de transición ecológica son herramientas al servicio de las autoridades locales y las empresas para iniciar la transformación de los territorios en torno a proyectos sostenibles y concretos. Ellos acompañan la implementación del Plan Climático a nivel local”, explica la web del Ministerio de Transición Ecológica francés.
Y aunque los sindicatos aseguran que no hay ninguna cifra sobre la mesa ni datos concretos, La Voz de Asturias sí filtra algunos. Para los trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses siguientes a dicha fecha siempre y cuando lleven tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, se les indemnizará con la suma de una cantidad fija común de 10.000 euros más una cantidad variable calculada individualmente, correspondiente a 35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 mensualidades. La cuantía de la indemnización se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado que acrediten dicha circunstancia.
Por eso, las fuentes ministeriales señalan que “la principal diferencia con el anterior Ejecutivo y la principal novedad en relación con este asunto es que el actual Gobierno de España tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo y para promover la actividades que asegure la creación de empleo estable a medio y largo plazo. Para ello está trabajando en una Estrategia de Transición Justa que contemplará un plan urgente para las comarcas mineras”.
De hecho, aseguran que la ministra Teresa Ribera no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final “a más tardar” es el 31 de diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas.
Pero nada convence a los representantes de los trabajadores. CCOO, en una nota de prensa, considera que el Gobierno ha vuelto a “demostrar su nulo compromiso con la minería del carbón”. Por su parte UGT “constata la falta de voluntad política para encauzar el futuro del carbón en España”, al no haber acudido a la reunión ni la ministra ni el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, y lamenta el tiempo perdido. Ambos consideran imprescindible mantener una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.
Algo más optimista se ha mostrado el tercer sindicato de estas negociaciones, USO. “Esperanzador, pero insuficiente”, ha sido la valoración de Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de la Federación de Industria.
En lo único en lo que coinciden todos en que aún se está en fase de negociación. Especialmente el plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar, que en la práctica son todos.
El próximo 21 de septiembre se volverán a reunir Gobierno y agentes sindicales pero todo apunta a que las negociaciones se presentan complicadas.