El Gobierno de Cantabria ha remitido este lunes una carta a los 102 ayuntamientos de la región en la que les invita a sumarse a la declaración institucional contra el fracking en la Comunidad Autónoma que tendrá lugar el próximo 24 de julio a las 11 horas en el Parlamento de Cantabria.
Esta invitación obedece al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de julio de proponer a los alcaldes que apoyen esta declaración y adopten medidas que impidan el uso de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio cántabro, después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley autonómica que prohibía el fracking en la región.
Del contenido de la declaración y de la carta remitida a los municipios ha informado este lunes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha recordado, además, que esta iniciativa se corresponde con una de las resoluciones aprobadas por el Parlamento en el reciente Debate sobre el Estado de la Región y, también, con el compromiso del presidente autonómico, Ignacio Diego.
«Cantabria, territorio libre de fracking»
En la declaración se invita a los ayuntamientos a adoptar medidas que, dentro del respeto al ordenamiento jurídico, permitan impedir el uso de esta técnica de extracción de gas -que plantea «múltiples interrogantes» para la salud y el medio ambiente- y que Cantabria sea una región «libre de fracking».
«Las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma y, en particular, el Gobierno y los ayuntamientos de Cantabria entendemos que expresamos la voluntad mayoritaria del pueblo cántabro oponiéndonos a esta técnica y haciendo todo lo legalmente posible para conseguir que nuestra región sea un territorio libre de fracking», reza la declaración institucional.
Y el presidente cántabro, en la carta remitida a los alcaldes, expresa su convencimiento de que «la unión y la acción conjunta» de estas instituciones puede ser «un instrumento muy útil» para conseguir el objetivo que demandan los ciudadanos y que Cantabria «sea un territorio libre de fracking.
Al hilo de lo anterior, y en su comparecencia ante los medios, el consejero se ha mostrado convencido de que no hay «ninguna» actividad o práctica energética que pueda llevarse a cabo «en contra de la voluntad ciudadana». Por eso, ha añadido, si el Gobierno y los ayuntamientos se unen será «prácticamente imposible» que se pueda realizar la fractura hidráulica en la región.
Así, Fernández ha resaltado la importancia de que los ayuntamientos se sumen a la postura contraria del Ejecutivo, ya que corresponde a las administraciones locales la declaración de los suelos. En este sentido, ha recordado que la mayoría de los suelos cántabros son rústicos de especial protección -no de protección minera- de modo que bastaría aplicar la normativa vigente para impedir el fracking. De momento, hay «muy pocos, por no decir ninguno» en los que se pueda acometer esta práctica.
A ello se suman las competencias regionales en materias como la salud pública o la ordenación del territorio, además de las normas autonómicas, que hacen «muy difícil» y «prácticamente inviable» la práctica de la fractura hidráulica. «Tenemos los instrumentos necesarios para que Cantabria siga siendo una región libre de fracking», ha sentenciado el titular de Medio Ambiente, que ha recordado que el único permiso concedido en la región -el Arquetu, que afectaba a la zona del Saja y el Nansa- se anuló en base a la Ley del Suelo.
Más límites
Además, como ha reiterado Fernández, la intención del Ejecutivo es estudiar y poner en marcha «normas adicionales de protección» para «limitar aún más» la técnica, y que estos límites no sean «absolutos y genéricos», como la ley que prohibía el fracking y que fue tumbada por el Constitucional.
A este respecto, ha aludido a la postura «coherente» de Ignacio Diego que, mientras siga siendo presidente de Cantabria -ha asegurado el consejero- «no» habrá fracking en la región.
Y si a todo lo anterior se suma la «voluntad» de los ayuntamientos, se podrá «impedir» el fracking en la Comunidad Autónoma, ha concluido Javier Fernández.