Fuente: El Economista
El Consejo de Ministros aprueba hoy un real decreto que termina de trasponer la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, algo que tenía que haber hecho antes de julio de 2014. La norma obliga a las grandes empresas a someter sus inmuebles a una auditoría energética en el plazo de nueve meses desde su publicación en el BOE.
Por fin, el Ministerio de Industria se ha decidido a elevar al Consejo de Ministros un decreto que estaba listo desde el verano pasado, pero que no se había promulgado por motivos electorales, por el coste político que podría haber supuesto la imposición a las grandes empresas -más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros- de someterse a auditorías energéticas.
El retraso ha derivado en que la Comisión Europea abriese un procedimiento de infracción contra España el pasado mes de octubre, al que se ha sumado otro expediente por no haber traspuesto la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en los edificios.
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hizo el anuncio de la publicación del decreto a los representantes de cuatro asociaciones: A3E, la Asociación de Empresas Mantenimiento y Servicios Energéticos (AMI), la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (Adhac), y la Asociación Técnica Española de la Climatización y la Refrigeración (Atecyr).
La reunión estaba dedicada a ciertas especificaciones de Aenor para la clasificación de los servicios energéticos, pero Nadal aprovechó y les anunció la inminente publicación del decreto. A falta de conocer el texto definitivo -el Ministerio no facilitó el último borrador-, según fuentes conocedoras del encuentro, el contenido de la norma será el mismo que el del borrador manejado en verano, con dos importantes salvedades:
La primera afecta al plazo máximo para hacer las auditorías energéticas. La Directiva establece que debían estar terminadas el pasado 5 de diciembre de 2015, y el texto del decreto otorga nueve meses desde la fecha de su publicación.
Sin contadores individuales
Y la segunda salvedad consiste en que se han eliminado las disposiciones que obligaban a los 1,2 millones de edificios con calefacciones centralizadas a instalar contadores individuales.
Esta parte, según explicó el secretario de Estado, se quedará para el próximo Gobierno, habida cuenta de la discrepancia existente sobre su oportunidad: aunque medir los consumos sea básico para ahorrar y la instalación de los contadores sólo iba a ser obligatorio si la inversión se amortiza en menos de tres años, el cambio de la instalación conlleva un coste estimado en unos 70 euros por unidad, que puede ser superior.
En conjunto, según los cálculos de la memoria de impacto del futuro decreto, la colocación de los contadores hubiera exigido una inversión de unos 950 millones durante los primeros cinco años, que habrían permitido un ahorro cercano a los 1.450 millones.
Industria ha comentado en otras ocasiones que no hay unanimidad en la materia en la UE y que la Comisión se estaba planteando retirar la medida en la revisión de la Directiva, ya en curso.