Fuente: El Periódico de la Energía
El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, también conocido como Reforma Ribera, va a dificultar el desarrollo de los proyectos renovables. O al menos para los proyectos pequeños y medianos.
La reforma, en su Disposición adicional tercera, habla de las medidas destinadas a asegurar la finalización de los proyectos de producción con derecho de acceso a la red. Entre ellas, destaca la subida de los avales que los desarrolladores tendrán que abonar antes de comenzar la construcción de los proyectos.
Según la reforma, a partir de ahora los proyectos de renovables tendrán que avalar con 40 euros por kW de potencia instalada cuando hasta ahora la cuantía era de 10 euros kW. Por tanto cuadruplica este coste que siempre ha sido visto como una traba para su desarrollo para el sector.
Por ejemplo, para un parque eólico de 50 MW, antes tenían que abonar 500.000 euros, ahora tendrán que poner por delante 2 millones de euros. La diferencia es importante.
Para José María González Moya, director general de APPA, la patronal de las renovables en España, “no nos esperábamos esta fuerte subida, sobre todo después de conseguir que la redujeran de 20 a 10 euros. Nos preocupa que esto pueda convertirse en una traba para el desarrollo renovable”.
Gónzalez Moya destaca que el objetivo del Gobierno es conseguir acabar con la especulación en el sector. Una especulación que se da sobre todo con el suelo y los puntos de conexión. “Lo importante es que el Gobierno vigile que los proyectos se estén desarrollando, que haya un seguimiento y se verifique que los proyectos andan, que piden sus autorizaciones y que se quieran llevar a buen puerto”.
En palabras parecidas se muestra Sergio de Otto, de la Fundación Renovables. “La subida de los avales no nos preocupa mucho, es importante, pero creemos que el que quiere de verdad desarrollar los proyectos no tendrá dificultades en aportarlos. Lo que interesa es que las empresas quieran acabar y desarrollar los proyectos”, dice a El Periódico de la Energía.
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica asegura que “el aval tiene que ser razonable y efectivo para garantizar la ejecución del proyecto. Además tiene que ir complementado de un procedimiento de seguimiento de la ejecución. Luego es una garantía para conseguir la implantación de proyectos”.
Además, existe cierta preocupación por parte de las empresas de renovables ya que no saben si los avales de 10 euros/kW ya aportados son suficientes o tienen que abonar ahora cuatro veces más para conseguir que sus proyectos salgan adelante. “La incertidumbre está ahí y deberían explicarlo porque cambian el Real Decreto 1955/2000 en el que se basaron los anteriores avales”, explican fuentes del sector.
Pero por si fuera poco, los desarrolladores de las renovables tendrán que abonar un 10% del valor de la inversión de las actuaciones en red en los puntos de conexión de tensión superior a 36 kV. Un nuevo coste más que traba el desarrollo de las renovables.
Las dificultades, más que a los grandes desarrolladores, las tendrán los pequeños y medianos productores que en sus cuentas sí pueden verse perjudicadas ya que no tienen tantos activos para obtener avales tan grandes. Estos avales, por ejemplo, no afectarán a los autoconsumidores que se verán exentos de pagarlos y por tanto podrán desarrollar sus proyectos sin más problemas económicos que los costes puros y duros de ponerse paneles solares en los tejados.
En resumen, los avales pueden ser un obstáculo para el desarrollo renovable y no son una barrera para acabar con la especulación en el mercado. El que quiera seguir especulando lo podrá hacer y todo seguirá costando más dinero a los desarrolladores.