Fuente: El Economista
El Gobierno ayudará a la gran industria a rebajar su factura energética con ayudas por más de 250 millones de euros al año y con avales para facilitar que firmen contratos de compra de energía renovable a largo plazo. Son las tres medidas del esperado Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se ha presentado a patronales y sindicatos. El Ejecutivo quiere aprobarlo «en semanas», pero su aplicación dependerá de que las partidas que contempla se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por fin, con nueve meses de retraso sobre el calendario original, y una anterior propuesta rechazada por la Comisión Europea y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los ministerios de Industria y Transición Ecológica tienen listo el citado Estatuto, «el único posible», según la valoración de Raül Blanco, secretario general de Industria. Esta vez sí ha recibido el visto bueno de Bruselas y su texto ha incorporado las recomendaciones del Regulador a la anterior versión.
La primera medida de ayuda ya está en vigor desde hace unos años: la compensación por costes indirectos de CO2 repercutidos en el recibo de la luz. En 2019 se otorgaron 172 millones por este concepto -fueron 91 millones en 2018- y para este ejercicio debería mantenerse en ese nivel, aunque la normativa acepta que crezca hasta los 200 millones al año, y quizá más.
Ayudas a las renovables
La segunda de las medidas se aplica en otros países europeos, como Alemania: compensar hasta un 85% del importe de las ayudas a las renovables históricas y del sobrecoste de la electricidad en las islas -hasta tres veces más cara que en la península- que se cargan en el recibo de la luz.
Los cálculos preliminares del Gobierno indican que, con datos de 2017, esta compensación rondará los 90 millones este 2020, si bien la cantidad puede variar, ya que, a la postre, depende del número de compañías que consigan el reconocimiento de ser electrointensivas.
Hasta que Transición Ecológica apruebe la metodología para asignar estos cargos a todos los consumidores -algo que está en proceso de elaboración-, el Estatuto incluye un mecanismo transitorio para calcular lo que paga cada industrial y poder compensárselo.
Fondo de garantías de CESCE
Y la tercera consiste en un Fondo de garantías emitidas por CESCE -cuyo importe no se ha desvelado- para facilitar que la industria firme contratos de energía renovable (PPA, por sus siglas en inglés), con un mínimo de cinco años de duración, logrando con ello un abastecimiento más estable y competitivo.
En la actualidad el mercado ofrece coberturas de riesgo para la industria, pero a plazos inferiores, de tres o cuatro años, cuando lo ideal es que los PPA superen los 10 años. Por eso, se va a replicar un mecanismo que ya se aplica con éxito para el fomento de la internacionalización de las empresas.
Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, estima que atendiendo a los precios que se están registrando en Europa con los PPA, y gracias al nuevo sistema de subastas de electricidad verde que prepara el Gobierno, el ahorro puede superar los 6 euros por MWh.
Dependerá de los Presupuestos
El nuevo Estatuto volverá a salir a audiencia, seguirá un tramitación de urgencia en el Consejo de Estado -no volverá a la CNMC- y debería llegar al Consejo de Ministros en cuestión de semanas. Sin embargo, la aplicación de sus medidas dependerá de que se incluyan las partidas correspondientes en los PGE, con lo que pueden variar sobre lo previsto.
Así pues, aunque los grupos parlamentarios han mostrado repetidamente su interés por apoyar a la industria y evitar su deslocalización y la subsiguiente pérdida de empleo, todo dependerá de la difícil negociación parlamentaria y quizá no pueda entrar en vigor hasta después del verano.
Las nuevas ayudas no correrán por cuenta del resto de consumidores de electricidad, sino de los contribuyentes: la compensación de CO2 ya la aporta el presupuesto de Economía -es la única partida que se mantendría si no se aprueban los PGE-, la reducción del pago de las ayudas a las renovables la cubrirán las arcas de Industria, y el Fondo de CESCE para avales corresponde a Economía y los accionistas privados de la aseguradora.
Unas 600 empresas beneficiadas
El Estatuto beneficiará a unas 600 industrias de todo el territorio, responsables del 17% de la demanda nacional, de las que dependen 300.000 empleos. Un total de 153 están en Cataluña, 44 en el País Vasco, 31 en Galicia, 19 en Asturias y Madrid…
Estas empresas tendrán que acreditar que cumplen varios requisitos: tener un consumo anual superior a 1 GWh -la mitad en períodos tarifarios considerados valle-, una intensidad energética superior a 1,5 kWh por euro, y estar incluidas en los sectores de actividad en riesgo de deslocalización por fuga de carbono de acuerdo con la normativa europea.
Las compañías, por su parte, tendrán que asumir varias obligaciones, como implantar un sistema de gestión de energía auditado y certificado, acometer medidas de ahorro y eficiencia energética amortizables en menos de tres años, cubrir al menos un 10% de su demanda con un contrato a plazo, y mantener el empleo.
El nuevo Estatuto aportará un volumen de ayudas muy inferior al que han gozado este tipo de empresas gracias a las subastas de interrumpibilidad, en vías de desaparición.