Fuente: El Economista
El Gobierno está dando los últimos pasos para poner en marcha una reforma de la tarifa eléctrica que se espera que entre en vigor el próximo 1 de abril y que cambiará completamente el recibo de la luz.
Para llevarlo a cabo, Transición Ecológica prepara una metodología de cálculo de los cargos del sistema que se unirá a la metodología de peajes para poner en marcha un nuevo sistema tarifario.
La intención de esta reforma, según explica Cristina Duro, directora de Regulación y Estrategia de Negocio de Capital Energy, es «cumplir con la Directiva Europea del mercado interior de la electricidad e incrementar la transparencia del recibo eléctrico, al separar más claramente los costes de las redes y otros costes del sistema y de políticas energéticas de cada país».
A partir de abril, a un cliente con una tarifa de precio regulado PVPC se le aplicarán automáticamente los nuevos periodos de discriminación horaria -punta, llano o valle- sin necesidad de hacer nada, lo que supondrá que su factura variará en función del momento del día en el que realice su consumo. Si, por contra, está en el mercado libre, será la comercializadora la que tendrá que detallarle su oferta.
Según ha previsto el Gobierno, las horas punta serán por la mañana entre 10.00 y las 14 horas y por la tarde/noche entre las 18.00 y las 22.00 horas. Las horas llano corresponderán al periodo entre las 8.00 y las 10.00 horas, por la tarde de 14 horas a 18.00 horas, y por la noche de 22.00 a 24.00 horas. Y el horario más barato (hora valle) estará entre las 0.00 horas y 8.00 horas. Los sábados, domingos y festivos serán considerados horas valle.
La nueva normativa supondrá también cambios a la hora de contratar la potencia. A partir de abril se podrán contratar potencias distintas para horas distintas de modo que se pueda ahorrar en los costes fijos.
Posible retraso
Para poner en marcha todo este sistema, el departamento que dirige Teresa Ribera tiene que aprobar el real decreto de cargos pero la irrupción del fondo para repartir el coste de las energías renovables entre los consumidores de carburantes y de gas natural podría suponer un retraso.
Según explica la directiva de Capital Energy, puede que el Gobierno tenga que publicar otro borrador de este proyecto de real decreto de cargos para adaptarse a la creación de este fondo.
En opinión de José Ramón Mourenza, Of Counsel de Herbert Smith Freehills, el borrador del decreto de cargos hace una alusión a que se pueden incluir ingresos que hayan sido calificados como cargos del sistema por rango de Ley pero podría modificarlo y hacer un nuevo proceso de información pública.
Es previsible que la nueva estructura de peajes y cargos entre en vigor a partir del 1 de abril de 2021
Ambos coinciden en que Ribera tiene tiempo para sacarlo adelante. Según Duro, «en todo caso, tal y como se prevé en el propio borrador, ambas metodologías entrarán en vigor a la vez y habiendo dado tiempo a las eléctricas a acondicionar sus sistemas informáticos a la nueva estructura de tarifas».
Así pues, teniendo en cuenta tanto los plazos indicados en la Circular 3/2020, de 15 de enero, como en el proyecto de real decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, resulta previsible que la nueva estructura de peajes y cargos propuesta por las citadas normas entre en vigor a partir del 1 de abril de 2021 y de hecho asimismo lo constató el ministerio cuando prorrogó los peajes del año pasado. De hecho, aseguran que es necesaria «una reflexión integral sobre los componentes de coste y de su impacto entre los distintos consumidores de energía final. Especialmente ante un escenario de incipiente riesgo de nuevo déficit de tarifa eléctrica y cuando el consumidor español paga, en términos comparativos con otros países europeos, un elevado precio por la electricidad».
La borrasca Filomena que ha llevado a lo largo de los últimos 15 días los precios de la luz hasta niveles históricamente altos ha provocado un tsunami en el Gobierno que ya busca fórmulas para crear «colchones» que permitan evitar estos picos de precios.
El Gobierno no ha explicado como puede crear estos colchones pero podría introducirlos dentro del real decreto de cargos que sigue pendiente de aprobación.
Por ese motivo, el Ejecutivo mantiene una fuerte división interna ya que durante la etapa del Partido Popular fueron innumerables las promesas realizadas para acabar con los elevados precios de la luz. Los ardorosos discursos del vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, o del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han pasado a convertirse ahora en un boomerang.
El programa electoral de Podemos planteaba rebajar el IVA de la electricidad al 4% pero el vicepresidente no lo ve ahora conveniente y, de hecho, ya dejó fuera esta medida del acuerdo entre su formación morada y los socialistas. La llamada Coalición Progresista marcó una hoja de ruta en la que incluía una serie de reformas previstas en gran parte por la propia Comisión Europea o que incluso ya estaban en marcha.
En los puntos planteados aparece la aprobación de la Ley de Cambio climático y transición energética. Dicho anteproyecto se encuentra ahora mismo en tramitación en el Congreso de los Diputados y sometido a las enmiendas.
El Gobierno planteaba también una reforma de las subastas de renovables que ha sido ya llevada a cabo y cuya primera convocatoria se producirá esta próxima semana en medio de las tensiones existentes por las amenazas de nacionalización realizadas por Podemos a compañías como Endesa y que la propia vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tuvo que salir a desmentir tajantemente ante los inversores internacionales pero lo cierto es que Podemos aprieta para que se cumpla el acuerdo de Gobierno en el que los socialistas se comprometieron a modificar el bono social y a evitar los beneficios de la nuclear y la hidráulica en el mercado mayorista que por ahora, siguen sin cumplirse, como exige Pablo Iglesias.