La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobará este martes el proyecto de ley del Sector Eléctrico, con la que el Gobierno pretende acabar con el déficit tarifario y establecer retribuciones «razonables» a cada tipo de tecnología renovable desde el 1 de enero de 2014.
Según señaló el propio ministro José Manuel Soria en su defensa de la norma contra siete enmiendas de totalidad -presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, BNG, ERC y Compromís-, es necesario «reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer la carga que supone para consumidores y empresas» ya que «mientras el sistema acumule deuda no podrán caer los peajes» y, con ellos, las factura de la luz.
Para lograrlo, el Gobierno ha decidido apostar por una «reducción significativa» de los costes a través de un mecanismo automático de revisión de los peajes, que evitará que la deuda acumulada del sistema procedente del déficit de tarifa pueda superar el 5% de los ingresos previstos para el año y que el déficit anual pueda superar el 2% de los ingresos.
En cualquier caso, el déficit tarifario que se pueda generar a partir del 1 de enero de 2014 será financiado por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan, a través de las devoluciones aportadas por este concepto en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes, a un tipo de interés que la Administración les reconocerá previamente.
En la factura, sólo la luz
Asimismo, se evitará que la factura asuma costes de actividades que no estén relacionadas con el suministro, se obligará a las administraciones territoriales a sufragar los costes derivados de sus normas y se impedirá imponer costes adicionales sin un incremento equivalente de los ingresos.
También, se crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw, sobre el que se podrá aplicar el descuento del bono social, aunque se mantiene también la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) «pero sólo para los consumidores vulnerables».
Con una disposición, el proyecto de ley recoge que el déficit de tarifa que pueda generarse en 2013 –entre 2.500 y 3.000 millones, según el Ministerio– será financiado de forma puntual por las cinco grandes eléctricas, a razón de un 35% por Iberdrola, un 44,16% por Endesa, un 13,75% por Gas Natural Fenosa, un 6% por HC y un 1% por E.ON.
Seguridad jurídica para las renovables
Con respecto a los nuevos regímenes retributivos, serán de aproximadamente el 6,5% para el transporte y la distribución, y del 7,5% para las renovables, la cogeneración y los residuos. También se regula el autoconsumo, con la inclusión de peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema y de producción de servicios de respaldo.
No obstante, a través de las enmiendas presentadas por el PP en la Cámara Baja -y que ya fueron incluidas en el texto del proyecto en fase de Ponencia- se precisa que estas nuevas retribuciones estarán garantizadas hasta el 31 de diciembre de 2019, con el objetivo de «otorgar la necesaria seguridad jurídica, predictibilidad a futuro y de homogeneizar el tratamiento retributivo de las actividades con retribución regulada».
Además, se permitirá a los ciclos combinados de gas recibir una retribución suficiente para recuperar sus costes fijos cuando no puedan hacerlo a través del precio recibido a través del mercado mayorista de electricidad, o ‘pool’.
Para evitar interpretaciones que puedan generar conflictividad jurídica, otra de las enmiendas deja claro que, pese a que cada tres años se puedan revisar algunos factores de cálculo, las nuevas rentabilidades forman parte de «parámetros retributivos» que solo podrán ser modificados cada seis años.
Los ‘populares’ han decidido además que la interrumpibilidad de las grandes industrias puede ser un servicio de ajuste del sistema que se haga directamente en el mercado, por lo que esta partida no estaría recogida en los costes regulados de la tarifa, y se fijan limitaciones adicionales a las auditoras que deben calcular la nueva retribución a las renovables, al impedirles no sólo las relaciones contractuales con empresas reguladas, sino también con filiales de estas empresas.
Quejas de los socialistas
Así las cosas, el texto definitivo será aprobado este martes sin incorporar previsiblemente cambios sustanciales de entre las 441 planteadas por la oposición a través de enmiendas. Dado que la Comisión de Industria tiene competencia legislativa plena, la norma será remitida al Senado sin necesidad de que vuelva a ser debatida por el Pleno del Congreso.
Algo que no gusta a los socialistas, que creen que el PP está incumpliendo los reglamentos parlamentarios al no debatir la ley artículo por artículo, por lo que han pedido al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que intervenga de forma «urgente» para evitar que una normativa sectorial tan importante se ventile con apenas diez minutos por portavoz para defender centenares de propuestas.
Asimismo, el principal partido de la oposición ha solicitado la comparecencia de 18 representantes de distintos ámbitos del sector eléctrico para conocer de primera mano su posición acerca de la nueva legislación, algo que es de prever que tampoco sea aceptado una vez se ha superado ya la fase de Ponencia.