Fuente: El Economista
Todas las centrales nucleares cosecharon pérdidas el año pasado, por primera vez tras medio siglo de historia en España, porque la presión fiscal se tragó el 61% de los ingresos que obtuvieron con la venta de su energía. La industria teme por su futuro y pide una solución al Gobierno.
Así lo ha denunciado este jueves Foro Nuclear, la asociación sectorial, durante un encuentro con la prensa, en el que ha alertado de que la situación puede convertirse en estructural, por el crecimiento que van a experimentar las fuentes renovables en los próximos años y su efecto depresor sobre el precio del mercado eléctrico.
En 2020 los precios del mercado eléctrico fueron un 28% más bajos que en 2019, como resultado de que la pandemia redujo la demanda y aumentó el peso de las renovables, que alcanzaron el 43,6% de la generación, a la par que creció la presión tributaria sobre las centrales atómicas.
Ignacio Araluce, presidente del Foro, ha destacado que el precio medio del mercado eléctrico fue de 34 euros por MWh y que las distintas tasas e impuestos gravan directamente la actividad de las centrales con una media de 22 euros por MWh «dejándolas sin margen alguno, con un flujo de caja negativo».
Las instalaciones «en situación muy crítica», no pudieron ni cubrir los costes operativos, al abonar los impuestos estatales, la tasa de Enresa -que subió de 6,7 euros por MWh a 8 euros por MWh-, tributos autonómicos -alguno de nuevo cuño, como el catalán- y el mantenimiento de cuartelillos de la Guardia Civil en las plantas: de 21 a 23 euros por MWh, según la planta.
De hecho, durante los meses en que los precios y la demanda estuvieron más bajos, en abril y mayo, «cuando el precio del mercado fue incluso menor que los impuestos», varias plantas redujeron su producción hasta un 70% de la capacidad -límite técnico que pueden asumir- al objeto de minimizar las pérdidas operativas.
Araluce no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la situación pueda llevar a las empresas a acelerar las fechas pactadas con el Gobierno para cerrar los reactores escalonadamente hasta 2035 y ha reconocido conversaciones con el Ejecutivo para encontrar una solución, aún sin fructificar.