El Estado ha iniciado los trámites para exigir a las hidroeléctricas parte de la electricidad que producen con saltos de agua de los que disfrutan, fruto de concesiones públicas que, en algún caso, se remontan a hace casi un siglo. La Administración quiere hacer valer de esta forma una cláusula que acompañaba a esos contratos de concesión, con la que el Estado se reservaba el derecho a recibir parte de la energía generada con la fueraza del agua.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)ha abierto 16 expedientes para hacer valer este derecho. Según han informado fuentes de este organismo del Ministerio de Medio Ambiente, es a él al que le corresponde exigir el cumplimiento de esas cláusulas porque las confederaciones hidrográficas son las que gestionan el dominio público hidráulico.
Las mismas fuentes han explicado que aplicar esta cláusula supondrá obtener «energía a bajo coste», que se pretende utilizar, por ejemplo, para abaratar la factura eléctrica que muchas comunidades de regantes pagan por bombeos para el regadío. Esa energía que reclama el Estado también puede ser utilizada para cubrir parte del consumo eléctrico de instalaciones oficiales.
De momento, la CHE ha requerido a las empresas concesionarias de esos saltos de agua en los que se incluye dicha cláusula que remitan sus datos de producción de energía de los últimos cinco años, para así poder calcular la reserva de energía y el coste que tendría la misma para la Administración.
También se ha pedido que remitan una propuesta técnica de cómo se realizaría la entrega de esa electricidad que le corresponde al Estado. Se les ha dado un plazo máximo de un mes para que contesten.
Esas cláusulas reconocen al Estado un derecho de adquisición preferente de parte de la energía eléctrica producida en esos saltos de agua. Fue una condición que se incluyó en concesiones realizadas durante el siglo pasado, sobre todo en los años 40 y 50.
En la mayoría de los casos, dichas cláusulas establecen que el 25% de la energía producida debe ser facilitada al Estado a precio de coste. En otros se fija una cantidad concreta de energía a entregar a la Administración.
Las concesiones de este tipo de uso hidroeléctrico se otorgaron en su momento por plazos muy prolongados, de entre 75 y 99 años.