El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, para justificar no haber podido sacar adelante antes del 1 de enero de 2013 una fórmula de determinación de los precios regulados de GLP envasados que “concilie adecuadamente el estímulo a la competencia y los elementos compensadores a que alude la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012, por la que se declara la nulidad de la Orden ITC/2608/2009, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio” por la complejidad inherente a dicho proceso. Por ello y a fin de proteger a los consumidores, “en el breve tiempo que mediará hasta la elaboración de la mencionada fórmula, frente a la alta volatilidad de las cotizaciones internacionales de la materia prima y del flete, se juzga necesario suspender, por el presente real decreto-ley, la aplicación de la fórmula de determinación del precio máximo establecida en la Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP envasados, durante el primer trimestre de 2013”.
Como consecuencia, el precio máximo vigente “desde el 1 de octubre de 2012 se mantiene transitoriamente, hasta la próxima revisión que se efectúe por resolución del Director General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la citada Orden ITC/1858/2008, de 26 de junio, con efectos de 1 de marzo de 2013”.
De esta forma, los precios energéticos regulados solo subirán en el caso de la electricidad, en concreto un 3%, mientras que se mantendrán sin cambios para la bombona de butano y el gas natural. Así, la TUR del gas no sufre ninguna variación durante dos trimestres consecutivos, ya que en octubre también se mantuvo en los mismos términos. Sin embargo, este 2012 la tarifa ya subió un 0,5% en enero, un 5% en abril y un 2,26% en julio.
Cabe recordar que la Comisión Nacional de Energía (CNE) advirtió recientemente de que también existe un déficit de tarifa en el sector del gas que se ha ido consolidando y que «se podría calificar de estructural», lo que «constituye un motivo de especial preocupación para la estabilidad económica-financiera del sistema retributivo».
Esta consideración aparecía recogida en el informe del regulador sobre la propuesta de orden ministerial de industria de revisión de peajes del gas, en el que la propia CNE cifra en 342 millones el déficit de tarifa de gas acumulado hasta finales de 2013. Por este motivo, la entidad que preside Alberto Lafuente no solicita explícitamente el aumento de los peajes, pero considera «necesario revisar los ingresos y los costes de las actividades reguladas y establecer los ajustes necesarios en los peajes y cánones para lograr la suficiencia tarifaria y no acumular déficit futuro».