Fuente: Cinco Días
El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base “indispensable” de derechos fundamentales que es y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen alimentos básicos, como son el pan o la leche. La electricidad soporta un IVA del 21% y un impuesto especial similar al del alcohol o el tabaco. Este impuesto se situaba en el 18% cuando el Gobierno de mariano Rajoy accedió al poder, y fue el actual ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo subió al 21% encareciendo de manera considerable la factura.
En su informe anual, el Defensor del Pueblo recuerda que la electricidad es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte de una anciana en Reus en el incendio de su vivienda que iluminaba con velas, manifiesta “las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo”.
A su juicio, se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido “un diseño técnicamente defectuoso”, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema “a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan”.
La institución ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro de la UE para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura se esté empleando para sufragar costes “que no tienen relación con la lógica de mercado”.
Por otra parte, Aena se ha comprometido a instalar en los aeropuertos que gestiona fuentes de agua potable a disposición de los viajeros, así como a limitar los precios de venta máximos de las botellas de agua en las máquinas expendedoras a 1,60 euros, según consta en la memoria de actividad del Defensor del Pueblo.
Tras recibir quejas relacionadas con los excesivos precios de algunos productos básicos, sobre todo el agua, en los aeropuertos españoles, el Defensor del Pueblo abrió una investigación que se dio por concluida cuando AENA asumió los citados compromisos.En él critica también la reducción del espacio público de los aeropuertos.