El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha concedido su beneplácito a la solicitud formulada por Nuclenor para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda modificar la orden ministerial de 29 de junio para permitir la ampliación por un año del plazo para pedir la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que concluye el próximo 6 de julio.
En concreto, la aprobación salió adelante a finales de la semana pasada con el apoyo de los dos consejeros del PP, Fernando Castelló y Fernando Martí (presidente del CSN), y del de CiU, Antonio Gurrí, mientras que las consejeras del PSOE, Rosario Velasco y Cristina Narbona, se opusieron al sí. En cualquier caso, los responsables del organismo regulador hicieron hincapié en que la instalación burgalesa deberá permanecer en situación de «parada segura y sin combustible en el reactor» y, para reforzar, en su caso, la seguridad de la planta, el CSN ha impuesto la condición de que el titular no pueda introducir combustible en el reactor, sin la autorización previa del regulador, si se modificase la citada Orden Ministerial, en referencia a la Orden IET/1453/2012, de 29 de junio, añade el comunicado divulgado por los responsables de la entidad que preside Fernando Marti.
Las deliberaciones sobre el asunto comenzaron el lunes de la semana pasada en una reunión convocada con carácter de urgencia. Ese día, los miembros del Pleno del CSN estimaron necesario pedir más informes técnicos y, al no llegar a una decisión, la reunión se aplazó al miércoles. Entonces, los consejeros solicitaron nuevamente más análisis internos para poder llegar a una conclusión sobre la materia, pero tampoco se logró el consenso dicho día. Por este motivo, se produjo un nuevo aplazamiento —al jueves por la tarde— para que los consejeros volvieran a reunirse y al terminar sin éxito una vez más la convocatoria, se concretó un nuevo encuentro para el pasado viernes por la mañana. En este caso, la cita sí que finalizó con una decisión tomada: la de otorgar el consentimiento a la prórroga solicitada por Nuclenor.
El CSN manifestó que la decisión adoptada se apoya en los informes técnicos y jurídicos solicitados para la ocasión así como en el resultado de las evaluaciones realizadas a principios de 2013 como consecuencia de la decisión de Nuclenor de parar la central y almacenar todo el combustible irradiado en su piscina.
En la decisión final adoptada se tuvieron en cuenta igualmente las condiciones de seguridad analizadas por los técnicos del Consejo para informar al Ministerio al respecto de las condiciones asociadas a la declaración de cese definitivo de la explotación, dado que esta es la «única situación objeto de trámite administrativo» pedida por el titular de la central «en el momento actual», especifica el comunicado.
El Consejo aprovechó la revisión de Garoña y advirtió que, «para poder realizar una hipotética carga del combustible», se le exigiría una serie de cambios que pasan por las «modificaciones de diseño requeridas y establecidas en anteriores informes del CSN e instrucciones técnicas complementarias, relacionadas con los programas de mejora, relativos al diseño, instalación y puesta en servicio de un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, las modificaciones sobre el aislamiento de la contención y sus pruebas de fugas, los cambios sobre la independencia de los sistemas eléctricos y otros sobre protección contra incendios».
Otras de las exigencias consistirán en que se mantenga el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras a implantar derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear de Fukushima, recogidas en el informe de las pruebas de resistencia e instrucciones técnicas complementarias del CSN. Y, adicionalmente, se requerirá la inspección de la vasija de manera que permita descartar la aplicabilidad del suceso, acontecido en junio de 2012, de detección de defectos en la vasija de la central nuclear belga de Döel 3, similar a Garoña.
Aún más, se deberá llevar a cabo un programa de inspección de los manguitos de las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, de las soldaduras de la vasija y, en general, de todos los componentes internos sometidos a la inspección de servicio.
Los informes que emite el CSN son preceptivos, en el caso de ser positivos, por lo que ahora está en manos del Gobierno acceder o no a la petición. Si el Pleno hubiera emitido una decisión desfavorable, esta, además de preceptiva, tendría un carácter vinculante, por lo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendría que haber denegado la solicitud de Nuclenor.
Ahora la decisión está en manos del departamento de dirige José Manuel Soria, quien ha dejado claro en varias ocasiones que el Gobierno es «partidario» de que la planta burgalesa siga operando siempre y cuando cumpla todos los requerimientos de seguridad que dicta el regulador.
Además, también defiende que el Ejecutivo no desprecia ninguna tecnología y ninguna fuente de energía en mix y que, por ello, si el CSN es favorable a la solicitud planteada, el Gobierno también lo será.
Por su parte, los representantes de Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, sostienen que están a la espera de un informe de la Dirección General de Tributos sobre el impacto que tendrá la retroactividad aprobada de los impuestos que afectan al sector energético.
Conviene recordar que cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivo de la actividad de Garoña en diciembre de 2012, ya indicó que este quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta. En su consulta, cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.
Fuentes empresariales consultadas apuntan que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña» , sostienen de la empresa propietaria.