El consejo de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destituyó el jueves pasado a los cuatro directores de la Comisión Nacional de Energía (CNE), uno de los organismos que se han integrado en aquel junto con la autoridad de la Competencia (CNC) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La decisión, que no ha sido publicada aún, ha caído como un jarro de agua fría entre los antiguos miembros de los órganos reguladores, ya que no solo han sido destituidos los miembros de los consejos de los organismos desaparecidos antes de que se cumplieran sus mandatos, sino que el relevo ha llegado al personal técnico. Los sustituidos son el director de energía eléctrica, Luis Jesús Sánchez Tembleque; el director de hidrocarburos, Raúl Yunta; la directora de regulación y competencia, María Jesús Martín, y el director de mercados derivados de energía, Pablo Villaplana.
La CNMC cuenta con un consejo de administración con 10 miembros que preside José María Marín, y cuatro directores de instrucción (uno por cada área: competencia, energía, telecomunicaciones y transporte)que equivaldrían a los anteriores presidentes de los organismos extintos.
Según un portavoz de la CNMC, los cambios han sido decisión del nuevo director de instrucción de energía, Fernando Hernández, exasesor del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. “El consejo ha procedido a los cambios a petición del director de instrucción, que ha decidido nombrar al equipo que considera que desarrollará mejor la labor”.
Si bien es cierto que las direcciones citadas de la CNE desaparecen como tal, todo apuntaba a que los que ocupaban dichos cargos técnicos continuarían en las nuevas subdirecciones con que cuenta el área de energía de la CNMC. Al menos temporalmente, dada su experiencia y la escasa especialización del consejo de un organismo que supervisará multitud de sectores.
Estas subdirecciones son equivalentes a las direcciones de la CNE que ahora desaparecen: energía eléctrica; gas natural; regulación económico-financiera y precios regulados y subdirección de mercados derivados. Estos puestos pasan a ser ocupados por segundos espadas de la antigua CNE.
Como subdirector de electricidad ha sido nombrado Santiago Muñoz, un histórico de la casa que procedía de Ofico y era actualmente subdirector de liquidaciones; para la de gas ha sido designada Rocío Prieto, actual subdirectora de la dirección de hidrocarburos, que desaparece (esta y la de liquidaciones pasan al Ministerio de Industria); Esther Espeja es la nueva subdirectora de mercados derivados (cargo que ya ocupaba en el organigrama de la CNE), e Ismael Vahíllo, director de regulación. Exasesor de Fabrizio Hernández, quien fue secretario de Estado de Energía bajo el mandato de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, es el de menor experiencia de todos ellos. Según la CNMC, los nombramientos son provisionales, ya que el de los subdirectores requiere un concurso público. Así lo establece la ley de creación de la CNMC para directores y subdirectores, que deben ser designados por el consejo previa convocatoria basada “en los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
El PSOE espera una respuesta de Bruselas
El Grupo Socialista está a la espera de las preguntas que dirigió, a través del eurodiputado Antolín Sánchez Presedo, a la Comisión Europea sobre la legalidad de los nombramientos de la CNMC. Según la misiva, “a pesar de las distintas cartas remitidas por la Comisión al Gobierno español manifestando su preocupación y advirtiendo sobre la necesidad de que los nombramientos y ceses de los miembros de los consejos de los reguladores con mandato en vigor sean conformes con los requisitos que se derivan de la legislación de la UE, el Gobierno español ha procedido al cese de los miembros de los organismos reguladores y de la competencia con mandato en vigor”.
Para los socialistas, la decisión del Gobierno “atenta gravemente contra la independencia de los organismos reguladores consagrada en la legislación de la UE, supone un precedente que, si la Comisión Europea no lo remedia, puede tener consecuencias nefastas para la eficiencia y la independencia de estos organismos en España”.
En relación con todo ello, preguntan si Bruselas considera que dicha independencia se ve comprometida por el cese de los miembros de sus consejos con mandato en vigor por reestructuración o fusión; cuáles son los criterios utilizados por el servicio jurídico de la Comisión en anteriores ocasiones; si cree que el Gobierno español “ha atendido las llamadas de atención recibidas a través de varias misivas de la comisaria señora Kroes, acerca del cese de los consejeros con nombramientos en vigor”, y si considera oportuno aplicar a España medidas adoptadas con otros países como Hungría o Polonia por situaciones análogas.