El Consejo de Estado ha emitido un informe acerca de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) en el que advierte de la alta litigiosidad sufrida por el sector en los últimos tiempos y reclama al Gobierno que actúe con «cautela», especialmente en lo referido a la posible imposición de medidas retroactivas.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la institución analiza el nuevo esquema para las renovables y «recomienda la adopción de las máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación temporal del régimen retributivo especifico que, en su caso, resulte aplicable a las instalaciones existentes con anterioridad al 14 de julio de 2013».
Estas cautelas responden a que varias entidades, indica el Consejo de Estado, ha expresado su «preocupación por la retroactividad, que se dice auténtica», derivada del cálculo de las retribuciones de las instalaciones.
El informe, cuyo contenido adelantan ‘El Economista’ y ‘Expansión’, no desciende a valorar el posible grado de retroactividad, pero sí constata que un modelo como el que prepara el Gobierno, basado en datos estándar de ingresos por venta de energía, costes de explotación y valor de la inversión inicial, «podría suponer la toma en consideración de hechos pretéritos, aunque fuera para el abono de retribuciones futuras».
Ante esta circunstancia, y viendo «las dificultades» de recabar una información sobre aspectos transcurridos hace «largo tiempo», el Gobierno indice en la necesidad de que el Gobierno actúe con la máxima cautela con el objeto de evitar una litigiosidad añadida en el sector.
En todo caso, el informe señala que el nuevo régimen retributivo para las renovables «carece en el anteproyecto de vocación retroactiva, al no estar llamado a determinar la retribución pasada de las instalaciones existentes, sino la que puedan percibir las instalaciones, existentes o nuevas» con posterioridad al real decreto ley 9/2013.
El Consejo de Estado también recuerda que el régimen especial de producción de energía eléctrica ha estado sometido en los últimos años a un riesgo regulatorio «muy intenso», al que considera «superior» al de cualquier otro sector económico regulado.
Este riesgo regulatorio «ha generado una elevada litigiosidad, tanto en el ámbito jurisdiccional español, como consecuencia de la sucesiva impugnación» del real decreto 661/2007, en el que se fijan las primas a las renovables.
A pesar de que el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos contra los recortes aplicados al 661/2007, «no cabe desconocer que el riesgo regulatorio manifestado en los continuos cambios del régimen especial produce un efecto desincentivador de las inversiones», indica la institución. «Ha de aspirarse, por ende, a una mayor estabilidad de la regulación en este ámbito», añade.