El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, que introduce novedades para corregir los desajustes entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos de los precios regulados.
Defendido por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el texto legal recibió el beneplácito de la cámara baja con 175 votos a favor, 140 en contra y 14 abstenciones, pero los congresistas rechazaron con 154 votos a favor y 175 en contra su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La mencionada normativa entró en vigor el día 2 de febrero de 2013, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y persigue «asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico en 2013». En este sentido, según las estimaciones del Gobierno, y en particular del Minetur, las medidas que incorpora «tienen el propósito de no generar déficit de tarifa en el presente año. Asimismo, el objetivo es proteger a los consumidores en un contexto de crisis económica, así como garantizar la sostenibilidad y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico».
Además, propone la limitación de las opciones para retribuir a las instalaciones de régimen especial a la fórmula de tarifa regulada y «establece que la retribución a las actividades reguladas, tales como el transporte, la distribución y el régimen especial se actualizarán teniendo en cuenta la referencia del IPC subyacente (sin alimentos no elaborados ni energía). De acuerdo con las estimaciones del ejecutivo, estas medidas supondrán un ahorro de entre 600 y 800 millones de euros».
Por otro lado, el RD-L viene acompañado de un Proyecto de Ley, que todavía está pendiente de tramitación en la cámara baja, «para la concesión de un crédito extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por un máximo de 2.200 millones de euros, para financiar los costes».
La convalidación de la nueva normativa deja sin derecho a recurrir a las empresas afectadas, ya que utilizar el rango de Real Decreto-Ley tiene como consecuencia la privación del derecho a recurrir por parte de los afectados. Según Protermosolar, la patronal de la industria termosolar española, esta decisión quiebra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el «derecho a un recurso efectivo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos».
Durante el debate que tuvo lugar ayer sobre este asunto en el Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición reclamaron una reforma integral del sector energético y criticaron la «improvisación» continua y los «parches» del PP. Al mismo tiempo, solicitaron tramitar el decreto como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, pero fue rechazado por la mayoría absoluta del partido en el Gobierno.
En la defensa del RD-L 2/2013, el ministro Soria aseguró que las reformas aprobadas a lo largo de 2012 para el sector eléctrico han permitido un ahorro de 3.586 millones de euros y avanzó que los cambios en ingresos y costes permitirán otro ahorro de 5.150 millones de euros este ejercicio, si bien reconoció que ni siquiera estas decisiones han permitido reducir el déficit de tarifa hasta el límite de 1.500 millones de euros establecido legalmente.
Cabe recordar que todas las asociaciones renovables han manifestado en reiteradas ocasiones que el déficit de tarifa no está provocado por estas tecnologías. La última vez que lo hicieron conjuntamente fue el pasado 7 de febrero, calificando de «política de acoso y derribo» que va a acabar en los tribunales, incluidos los europeos, las actuaciones del Minetur contra las renovables.