Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 174 votos a favor, 146 en contra y 6 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, defendido ante la Cámara por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Según recoge la nota de prensa divulgada por los responsables de la Cámara Baja, “entre las medidas de carácter económico y social, el Decreto Ley establece los parámetros para garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y de hidrocarburos, y la protección de los consumidores de las situaciones derivadas de la crisis económica”.
El texto normativo que recibió el beneplácito de los congresistas incluye la supresión del tope legal de 1.500 millones de euros al déficit de tarifa en 2012, así como la titulización del exceso de deuda eléctrica generada que, de esta forma, no computará en la tarifa de 2013.
Así las cosas, el presente año comienza en un «escenario de equilibrio» en el que, tras las medidas adoptadas hasta la fecha, más las partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, pueda lograrse la «sostenibilidad económica del sistema eléctrico», detalla el RDL.
A pesar del rechazo de los congresistas del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo y de la abstención de PNV, la nueva regulación salió adelante con el apoyo del PP. Pero su tramitación como proyecto de ley fue rechazada por 174 diputados, mientras que 152 votaron a favor y un parlamentario se abstuvo.
La oposición se mostró muy crítica con la aprobación del decreto, que «contiene la prueba del fracaso de Industria en la lucha contra el déficit tarifario» porque, «tras cuatro decretos y una ley, ha imposibilitado que en 2012 se cumpla lo previsto y se ha ido el déficit a 5.000 millones» y además ha generado «incertidumbre e inseguridad jurídica», expresaron desde el PSOE.
Por su parte, el PP defendió que los cambios en el sector energético «buscan proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad del sistema» y evitar nuevas subidas de la factura. «Si no se hubieran aprobado estas medidas, el déficit tarifario habría sido muchísimo mayor».