Fuente: Cinco Días
El Pleno del Congreso ha respaldado este miércoles su apoyo a la convalidación del real decreto ley por el que, entre otras medidas energéticas, se regula un nuevo sistema de subastas de renovables y pone freno a la especulación en torno a los puntos de acceso y conexión a las redes eléctricas.
Para sacar adelante este real decreto, el Gobierno ha logrado el apoyo del PNV, ERC, PDECat y Más País, además de la abstención del PP, Vox y Ciudadanos. En su defensa, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que esta normativa constituye «la casilla de salida de inversiones significativas en renovables, electrificación y eficiencia energética».
Además, valoró que el texto va a «facilitar un marco previsible de actuaciones que asegure un contexto para la inversión que impulse el empleo y la recuperación económica», así como la posibilidad de que España acceda a los fondos de reconstrucción lanzados por la Comisión Europea. «Es urgente reactivar la economía y promover la generación de empleo», afirmó Ribera, quien defendió que el decreto va a maximizar el efecto tractor de un sector clave de la economía en los próximos años, junto a la digitalización.
A este respecto, advirtió de que «la incertidumbre generada por la crisis» del coronavirus obligaba a actuar con rapidez, lo que explica la necesidad de este decreto que recoge medidas incluidas también en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está tramitando ahora el Congreso y que, según Ribera, puede ser el marco para introducir mejoras y modificaciones al real decreto ley. Precisamente, ayer el Congreso tumbó la enmienda a la totalidad presentada por Vox a este proyecto de ley.
En nombre del PP, el diputado Juan Diego Requena pidió la tramitación del real decreto como proyecto de ley y criticó, pese a su abstención, la visión «ideologizada e intervencionista» de la iniciativa. Además, defendió que su formación aboga por «una transición ecológica justa y por una transición energética generadora de riqueza y oportunidades de empleo». Por el contrario, denunció que la impulsada por el Gobierno «ni es la económicamente más rentable, ni la socialmente más justa, ni la medioambientalmente más limpia».
Por su parte, el diputado de Vox Francisco Contreras explicó su abstención frente a este decreto porque incluye algunas medidas que «no podíamos rechazar» como las orientadas a minimizar los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de los territorios afectados por la transición energética o las relativas al régimen retributivo específico de actividades que dependen del precio del combustible. Eso sí, criticó al Gobierno por imponer medidas basadas en «la supuesta emergencia climática».
En cuanto a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, los promotores necesitan dos tipos de autorizaciones para poner en marcha sus plantas de renovables y los derechos de enganche deben estar asociados a proyectos reales y firmes para evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.
El real decreto ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado el primer permiso. Si no se cumplen los hitos, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
No obstante, los solicitantes que consideren que no pueden hacer frente a los proyectos, tienen tres meses de plazo para renunciar y recuperar sus avales. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. Se trata de un real decreto del ministerio, que ya está en fase de audiencia pública, y una circular de la CNMC, ya que ambos comparten las competencias sobre acceso y conexión.
El nuevo sistema de subastas establece que la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Por ello, los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.
Para poder llevar a cabo dichas subastas, el Gobierno debe aprobar un real decreto que las desarrolle, que también está en fase de audiencia y fija que el coste del precio que se garantiza a los adjudicatarios irán contra el término de energía de la factura y no de los peajes.
El real decreto ley que ha sido convalidado regula el almacenamiento de energía y la hibridación, que permite que una planta mixta (eólica y solar, por ejemplo) utilicen el mismo punto de conexión.
Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que, según el texto, introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado. De igual modo, se regulan las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.
Paralelamente, con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el real decreto ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kilovoltios), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas. Esto es, podrán ser expropiados los terrenos.
Por otra parte, el real decreto flexibiliza los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que pueden realizar anualmente las distribuidoras y transportistas de electricidad en el trienio 2020-2022, lo que permitirá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del Covid-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.
Por último, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora el procedimiento de cálculo de las obligaciones y permite destinar el superávit que hay en el sistema eléctrico (950 millones de euros) a cubrir los déficits de ingresos en 2019 y 2020. Esto concretará mediante orden ministerial.