Los nacionalistas de CiU y el PNV han decidido abstenerse ante la convalidación del decreto ley por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014, que supondrá un incremento de la factura del 2,3%.
Así se lo han hecho saber al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante el debate de la normativa en el Pleno del Congreso, destacando no obstante sus críticas a la medida y señalando que habría sido mejor aplicar una congelación o incluso una bajada hasta que se resuelva el mecanismo definitivo de fijación de precios.
Así, Josep Sánchez Llibre, de CiU, cree que el decreto «va en la dirección de favorecer a los consumidores», a los que se evita una «subida escandalosa» del precio de la electricidad, pero opina que el Gobierno podría haber tenido más «alma social» y haber situado el incremento en el entorno de la inflación (0,3%) o incluso bajar el precio, visto que «se está casi entrando en deflación».
Además, ha reclamado más explicaciones sobre por qué no se tomaron medidas preventivas, visto lo que sucedía desde principios de diciembre, o por qué Industria no fijó un precio de salida inferior dado que la subasta es a la baja. Asimismo, ha pedido más datos sobre la decisión de la CNMC de invalidar la subasta y ha preguntado al ministro si se «precipitó» al hablar de «manipulación».
Ha sido un «auténtico culebrón»
Por parte del PNV, Pedro Azpiazu ha tachado el decreto de «controvertido y polémico», ha lamentado que el precio suba (aunque menos de lo previsto) en lugar de congelarse o «incluso bajar», y ha criticado que aún no se conozcan los motivos reales de la suspensión de la subasta ni ningún detalle sobre el mecanismo definitivo en el que trabaja el Gobierno.
«Hemos asistido a un auténtico culebrón», ha llegado a decir, achacando lo sucedido a la tensión acumulada durante la negociación con las empresas energéticas de la Ley del Sector Eléctrico, y señalando que la cercanía de las elecciones europeas han motivado la «metedura de pata» de suspender una subasta que «no funciona adecuadamente» y que, por tanto, debería ser «corregida cuanto antes».
La alternativa, congelar
El socialista José Segura, que ha utilizado el turno en contra, ha abogado por la «alternativa» a este decreto de la «congelación de precios» durante el primer trimestre del año, una «medida provisional para una etapa de provisionalidad».
Además, ha advertido de dos «inconsistencias» del decreto: las dudas que la decisión del Ejecutivo de suspender la subasta generará en los operadores a partir de ahora, con la posibilidad incluso de que no acudan a futuras subastas; y los «riesgos» para las comercializadoras por la fijación de un precio «artificial».
Finalmente, ha acusado al ministro de estar intentando «esconder la subida» de la luz a los consumidores, señalando que por eso no se han publicado aún los precios de los peajes para este año a pesar de que tenían que entrar en vigor el 1 de enero.
Apagar fuegos con gasolina
La portavoz de Energía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, ha rechazado el «enésimo parche» al sistema eléctrico, muestra del «fracaso» de la gestión del Ministerio, que «acaba de aprobar la reforma energética y ya tiene que venir a apagar fuegos… con gasolina» y que no para de generar «inseguridad jurídica» con unos cambios normativos que ni siquiera «van a la raíz del problema» –las subastas y la falta de competencia en el mercado–, verdaderas causas del problema de diciembre.
«Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que, ante un problema dramático para miles de hogares, digan que la luz sube con el PP más moderadamente que con el PSOE. Lo único que ha bajado es lo que no depende del Gobierno y gracias a las renovables, que es a las que penalizan», ha reprochado, acusando al Ejecutivo de «no atreverse a intervenir para proteger a los consumidores». «Este decreto es para cubrir sus vergüenzas», ha zanjado.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que este decreto es «un nuevo parche sobre más parches» porque en lo que va de legislatura «no ha habido ni un gramo de reflexión crítica» acerca de lo que ocurre con el sistema eléctrico. «Es el colmo de la desfachatez que nos digan que tenemos un sistema equilibrado tras suspender una subasta», ha añadido.
Además, ha ironizado con que si «el Gobierno decide los precios y los decreta en el BOE, sin que tenga que ver la competencia ni la innovación ni la deuda que arrastra» el sistema, podría entonces «portarse con los consumidores, que bastante achuchados están». «¿Qué más nos da? Si los precios dependen del Gobierno, ¿por qué no los congelan o incluso los bajan?», ha concluido.
Decreto «expresión de un fracaso»
Teresa Jordà (ERC) ha criticado un sistema oligpolístico en el que cinco «obtusas» empresas se reparten los beneficios mientras cobran el precio «más alto de Europa» por la electricidad. Y Xabier Mikel Errekondo (Amaiur) ha criticado un decreto que «pretende confundir, presentando el final de este grotesco cuento de la subasta como si fuera un simple baile de cifras» cuando «la cruda realidad» es la pobreza energética.
Por el BNG, Rosana Pérez ha calificado la política energética del Gobierno –incluyendo el «parche» de este decreto– de «irresponsable, caótica, incompetente y totalmente inútil para solucionar los problemas del sector y las causas estructurales del déficit tarifario», y ha calificado de «inadmisible» cualquier subida de la luz.
Para Pedro Quevedo (CC-NC), este decreto es «la expresión del fracaso» del Ministerio a la hora de «clarificar un sector opaco» y «especulador», y de proteger el derecho de los ciudadanos a la energía; mientras que Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este decreto es «una nueva patada al balón para seguir jugando sin tomar las decisiones que necesita el sector eléctrico».
Salvaguardar los intereses del consumidor
Finalmente, el ‘popular’ Antonio Erías ha asegurado que el Gobierno se ha visto «obligado» a suspender la subasta para «evitar el efecto perverso» que la subida del 11% habría tenido sobre la economía, y ha defendido un decreto que busca, «sobre todo y como siempre salvaguardar los intereses de los consumidores».
«No se trata de improvisación o de provisionalidad, se trata de dar racionalidad a un asunto que no estaba contemplado en la regulación vigente sobre la subasta», ha añadido, recordando al PSOE que «la situación actual no surge de la nada» sino que «es el resultado de unas determinadas políticas implementadas durante algún tiempo» y acusando a los socialistas de ser responsables del 80% de los precios de la luz por las políticas aplicadas la pasada legislatura.
El ministro, por su parte, ha resumido durante su intervención los sucesos que llevaron a la suspensión de la subasta en diciembre, apuntando a que entre el 2 y el 19 de diciembre se produjeron «incrementos que no concordaban con la situación» de demanda y oferta, y señalando que no se dio ninguna razón que justificara una subida de precios de unos 50 euros por megavatio hora hasta los 93 euros que arrojó el Cesur.
Eso llevó al Ministerio a solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre esas «oscilaciones anómalas». El superregulador señaló en un primer pronunciamiento que «se habían producido circunstancias atípicas» y que por eso se anuló la subasta. En ausencia de regulación para estos casos, el Gobierno optó por un sistema «provisional» para fijar un precio para el primer trimestre de 2014 en función de los precios del segundo semestre de 2013, lo que quedó finalmente en el 2,3%.