Doce partidos de la oposición firman una declaración en la que se comprometen a anular la reforma energética cuando el PP deje el poder. El Pleno del Congreso ha dado este jueves, en su última sesión del año, luz verde a la Ley del Sector Eléctrico, que tiene como objetivo acabar con el déficit tarifario a partir del próximo año gracias a un mecanismo automático de actualización de peajes para equilibrar ingresos y costes del sistema.
En el mismo día en que la ley salía adelante, un total de 12 partidos de la oposición firmaron hoy en el Congreso una ‘Declaración por una verdadera reforma eléctrica’ impulsada por la plataforma ‘Nuevo Modelo Energético’, a través de la cual se comprometen a derogar la reforma del PP cuando este partido salga del Gobierno. Este manifiesto, respaldado por organizaciones de pequeños empresarios, de consumidores y la iniciativa ‘Bájate la potencia’, ha sido suscrito por PSOE, Izquierda Unida, UPyD, Amaiur, ERC, Ciutadans, BNG, Coalición Canaria, ICV, CHA, Compromís y Geroa Bai. No se han sumado a esta iniciativa PP, CiU, PNV y UPN.
Aunque el debate se ha centrado únicamente en las enmiendas que se han incluido en el texto a su paso por el Senado y que no ha habido una votación conjunta del proyecto, la mayor parte de los partidos de la oposición han expresado sus dudas sobre las posibilidades que estos cambios permitan realmente superar los desfases del sistema eléctrico. Así, el socialista José Segura ha lamentado que, pese a que el objetivo principal del Ministerio de Industria durante lo que va de legislatura ha sido acabar con el déficit de tarifa, no se conseguirá y ni siquiera está asegurado que el desfase se vaya a limitar a los 3.600 millones de euros en que lo cifra el Gobierno para 2013. Además, ha calificado de «anarquía y caos normativo» lo conseguido con las sucesivas reformas aprobadas en esta legislatura, cuyas consecuencias «acaban pagando los ciudadanos».
Además, ha criticado la modificación de los requisitos exigibles para acceder al bono social, del reparto de la carga «entre todos los usuarios» en lugar de entre las empresa como funcionaba hasta ahora, y también la desaparición de la Tarifa del Último Recurso (TUR). Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz ha afirmado que el Gobierno ha llegado «al límite de la capacidad de hacer el ridículo» y ha marcado un nuevo «récord de incumplimientos y de mentiras» con respecto a las subidas de la luz o la existencia de déficit tarifario este año.
Y, mientras, las empresas «aumentan y aumentan los beneficios» pese a que el déficit y el precio eléctricos no paran de crecer, y se castiga a las renovables y al autoconsumo. «Por eso este texto nace fracasado, tiene los días contados, como también debería tenerlos el ministro porque no tiene ni credibilidad ni liderazgo», ha añadido, avanzando que su formación «batallará» tanto en los juzgados como en Europa para «poner fin a una legislación discriminatoria y a un mercado oligopolístico, que atenta contra los derechos económicos, sociales y medioambientales».
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha afirmado que esta ley «está muerta antes de que finalice su tramitación» porque «no entra para nada en lo esencial» ya que simplemente «cambia de nombre el déficit tarifario y busca una vía distinta para seguir con las mismas reglas del juego», protegiendo los intereses del sector eléctrico en lugar de promover un cambio de modelo. «Y la pretendida bajada de la factura es ya un sarcasmo», ha apostillado. «Es un fracaso histórico en uno de los problemas estructurales más graves de la economía española. Y su medida estrella, distribuir el déficit entre tres agentes, ha resultado un bluff absoluto, una chapuza colosal, porque sólo se deja en formol el problema para el próximo Gobierno», ha añadido, criticando que esta situación es consecuencia de «entregar la dirección de ciertos asuntos a personas realmente incompetentes», en referencia al ministro Soria.
Teresa Jordà, de ERC, ha pronosticado que esta norma «para nada será eficaz para tener un sistema eléctrico beneficios en el futuro, porque sólo favorece a las grandes eléctricas y no se basa ni en el ahorro ni en la eficacia ni en la soberanía energética», y ni tan siquiera soluciona el déficit tarifario. «Nos sobra esta chapuza que no va a ninguna parte más que al desastre energético», ha añadido.
Por el BNG, Rosana Pérez, critica que este proyecto «no va a la raíz de las causas de los desorbitados precios de la electricidad» ni tampoco a las razones del déficit de tarifa, que a su entender es «un sistema opaco e injusto de la formación de precios». «Es un verdadero atraco a las economías familiares», ha añadido. Diagnóstico con el que coincide Pedro Quevedo (CC-NC), para quien esta ley «agrava» los problemas de las familias, sobre todo tras los cambios que impedirán el objetivo principal de la norma, acabar con el déficit tarifario. «Un fracaso en toda regla», ha añadido, señalando que el precio que se paga por la electricidad no es el coste de la energía sino el que necesitan ganar las empresas productoras. Joan Baldoví (Compromís-Equo) ha afirmado que esta ley no ha sido redactada por el Ministerio, sino por la patronal eléctrica para «salvaguardar los beneficios» de las empresas, y ha criticado la «chapuza» y el «atraco a los consumidores» que supone poner nuevas trabas al autoconsumo y las renovables, mientras sigue subiendo el precio de la factura y no se reducen la dependencia exterior.
Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha lamentado que no se hayan conseguido acuerdos en temas importantes como la solución del déficit tarifario, el autoconsumo, el tratamiento de los consumidores vulnerables o la «quiebra» que sufrirán los pequeños inversores en las renovables por los cambios normativos. No obstante, los cambios incluidos durante la tramitación han sido suficientes para cambiar la postura «radicalmente en contra» que mantuvieron inicialmente los nacionalistas catalanes, que finalmente apoyarán las enmiendas de la Cámara Alta. Entre otras cosas, que a partir del año próximo se plantee un Plan Renove para el sector industrial de la cogeneración en 2014.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, lamenta la falta de consenso entorno a una normativa tan relevante, y ha criticado el «más que discutible golpe de timón» dado por el Ministerio de Hacienda con la retirada de las partidas para cubrir el déficit de 2013 de los Presupuestos del próximo año. «Ha sido un espectáculo lamentable», ha insistido. «Claramente gana Montoro y pierde Soria y, con él, todos los ciudadanos, que verán aumentada su factura de forma considerable en un momento especialmente grave. Y el déficit eléctrico, el principal objetivo de la reforma, sigue sin resolverse», ha añadido, valorando no obstante los cambios introducidos en el Senado -algunos por acuerdo con el PNV- que han provocado un cambio de postura de los jeltzales hacia el conjunto de la norma.
Finalmente, el ‘popular’ Antonio Erías ha criticado a quienes «reclaman rigor y ortodoxia» pese a «toda la heterodoxia» que han aplicado y que han llevado al país «a desajustes estructurales en todos los sectores» y a un déficit de tarifa acumulado de más de 27.500 millones tras subidas acumuladas del 67% en el precio de la luz entre 2005 y 2012. Además, ha recordado la situación «absolutamente paradójica» de que el problema «no es de demanda, sino de oferta», y ha señalado que seguir el consejo de la oposición de eliminar la aportación de ciertas tecnologías al ‘mix’ supondría una subida aún mayor del precio. Finalmente, ha defendido el peaje de respaldo al autoconsumo, que están «copiando» en otros lugares del mundo. «Nuestra política energética no es un capricho o una arbitrariedad. Es el resultado de un desastre heredado al que hay que dar un buen resultado, porque si no no tendrá éxito ninguna de las otras políticas», ha concluido.